El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a la magistrada siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de «desatención o retrasos injustificados en la instrucción» y por tomar decisiones que, con «manifiesto abuso procesal», causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo.
Aunque ella culpó a los funcionarios del Juzgado, el órgano de gobierno de los jueces concluyó con dicha sanción el expediente.
La jueza recurrió al Supremo cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado en un auto rechazar la suspensión cautelar de la sanción mientras resuelve su recurso.
La magistrada alegó que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.
El Supremo fundamenta que «ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la Administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia».
Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, el Tribunal destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el Juzgado en el que ahora desempeña sus funciones.
«No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales», concluye el auto.
Estrella Digital