Al ser la norma promulgada el 9 de junio de 1982 una ley orgánica, debe ser aprobada por las Cortes Generales.
El Congreso ya acogió este debate y el 12 de septiembre de 2017 se aprobó su tramitación una primera vez, pero quedó paralizada por la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de 2019.
En la segunda ocasión en la que se superó el mismo trámite, el 10 de septiembre pasado, ocurrió lo mismo al decaer con una nueva convocatoria electoral el 10 de noviembre pasado tras no alcanzar el PSOE y Unidas Podemos un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
De nuevo serán Diego Conesa (PSOE), Joaquín Segado (PP) y Juan José Molina (Cs) los encargados de defender la iniciativa en la Cámara Baja, donde ya señalaron que el aforamiento es un privilegio desfasado y que debe ser suprimido o limitado para avanzar hacia la regeneración democrática.
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