Todo apunta a que la iniciativa socialista contará con los apoyos necesarios para la toma en consideración, como ya ocurrió en 2018, que solo contó con el «no» del PP, y en 2019, que además del rechazo de los populares tuvo el de Vox, aunque en ambas ocasiones la posterior tramitación de la norma se vio truncada por los adelantos electorales.
En la exposición de motivos de la proposición, el PSOE asegura que la ley que plantea da una «repuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia», porque el debate sobre este asunto «se ha abierto paso en nuestro país».
Consta de cinco capítulos -más dos disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria y cuatro finales- en los que establece los requisitos que tienen que tener los solicitantes, el procedimiento a seguir para la realización de la prestación y las garantías para la misma.
El texto concreta que podrán solicitar la prestación de ayuda para morir: «Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar informada y que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».
La norma también articula la posibilidad de solicitar la ayuda a través del documento de instrucciones previas o equivalente que existe ya en el ordenamiento jurídico español.
Asimismo, establece aquellos elementos que garantizan a todos los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación, al incluirla en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, asegurando de esta manera la financiación pública, pero también su prestación en centros privados, incluso en el domicilio del solicitante.
La proposición de ley orgánica destaca que «se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario».
En definitiva, se trata, según el texto, de introducir en el ordenamiento jurídico «un nuevo derecho individual» como la eutanasia, entendiendo ésta como la actuación que «produce la muerte de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo» por la persona que cumpla los requisitos recogidos en la ley.
Y es que el PSOE considera que no basta solo con despenalizar la eutanasia para hacer compatibles los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral con los bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, porque dejaría a las personas desprotegidas.
«Han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida, por tanto, de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso decisiones apresuradas».
El Congreso de los Diputados ya admitió a trámite la pasada legislatura una proposición de ley socialista para regular la eutanasia -fue en septiembre del pasado año-, pero la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria electoral de abril de 2019 impidió completar su tramitación.
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