Según han explicado fuentes del caso, el testimonio de Mendoza, junto al de la exasesora del PP Cristina Montalvá, confirman la tesis acusatoria que sostiene la Fiscalía Anticorrupción de que el partido blanqueó fondos opacos a través de donaciones reclamadas a sus ediles y asesores.
Montalvá, que también ha declarado este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, ha señalado también a Fuster como la persona que reclamó esas donaciones de 1.000 euros a todo el personal del partido y la responsable de devolver esos fondos en efectivo -en dos billetes de 500 según el relato de otros procesados-.
Esta exasesora ha afirmado que, al igual que Alberto Mendoza, rechazó el ofrecimiento de Fuster para devolverle la donación de 1.000 euros.
Las declaraciones de estos dos investigados, que comparten abogado -David González Wonham- y que solicitaron declarar voluntariamente, suponen un espaldarazo para las acusaciones, que sostienen que hubo una trama de blanqueo de fondos en el seno del PP local, aunque ofrecen un relato distinto al asegurar que se negaron a que el partido les devolviese el dinero.
Según consta en el sumario de esta causa judicial, que se deriva del conocido como caso Imelsa, la UCO sitúa a García-Fuster en sus informes como la responsable de haber repartido 50.000 euros en billetes de 500 entre concejales y trabajadores del grupo municipal que debían devolver mediante transferencia de 1.000 euros.
El informe de la Guardia Civil constata que este sistema de blanqueo «no es un caso aislado, aunque sí una operativa novedosa detectada en la citada cuenta en relación a las disponibilidades de cantidades de efectivo».
García-Fuster, como secretaria del grupo municipal del PP, ingresó en efectivo en la cuenta del partido 28.500 euros en 2011 en concepto de aportación del grupo, a los que siguieron otros ingresos por importe de 5.500 euros en 2013 y de 4.050 euros en junio de 2014.
Los posteriores ingresos de mil euros, que los miembros del grupo realizaron antes de las últimas elecciones autonómicas, permitían, según la UCO, introducir una determinada cantidad de dinero de «procedencia ilícita» en el sistema financiero, una actuación conocida como «smurfing o pitufeo».
Este método se basa, según detalla la UCO, en «pequeños ingresos inferiores a 3.000 euros en una cuenta bancaria, consiguiendo así introducir el dinero en el sistema financiero a través de una cuenta ordinaria, fraccionando la cantidad total a ingresar, tratando con ello de no levantar sospechas».
En los registros domiciliarios, la Guardia Civil intervino 5.690 euros en efectivo en casa de la exsecretaria del partido, María Carmen García-Fuster, un dinero que se encontraba en sobres con nombres anotados, uno de los cuales era el de Vicente Igual, según reconoció García-Fuster a los agentes, con 1.240 euros en su interior.
Los agentes han constatado que la mayoría del medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores investigados realizaron una transferencia bancaria, a excepción del concejal Alberto Mendoza y de los exconcejales Silvestre Senent, Félix Crespo y Juan Vicente Jurado, que ingresaron en efectivo en la cuenta del partido.
En la investigación, la Guardia Civil detectó ingresos de los investigados en sus cuentas con posterioridad a las donaciones al partido.
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