La decisión fue aprobada este domingo por el Consejo de Gobierno extraordinario, uno de cuyos miembros, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga (PP), ha publicado un mensaje en la red social Twitter en el que aseguraba que esa orden de «cierre» entraría en vigor en cuanto fuera publicada en el boletín oficial.
«Ahora el ministerio de Sanidad tendrá que ratificarla o anularla, responsabilizándose desde ese momento de cualquier consecuencia que ello conlleve», advertía Díez de Revenga.
El anuncio de López Miras fue respondido por el Ministerio de Sanidad, recordando que ese tipo de decisión es competencia únicamente del ministro responsable de esa cartera, Salvador Illa, autoridad competente en la materia.
El presidente murciano explicó que la decisión jurídicamente se basa en el párrafo segundo del artículo 4.3 del real decreto del Estado de Alarma que permite a las autonomías instar al ministerio competente determinadas actuaciones y en este caso remitirán la orden autonómica al de Sanidad para que la ratifique y autorice su ejecución.
El cierre no afectaría a sectores como los transportes de mercancías, la alimentación, las farmacias y las industrias agroalimentarias o energéticas. También se consideran servicios esenciales las gasolineras, las aseguradoras y los bancos, las oficinas de correos y los medios de comunicación; así como la actividad del sector primario.
“Exijo que sea ejecutada por la autoridad competente o, en su caso, ratificada para que la Comunidad Autónoma pueda ejecutarla”, explicó.
“La economía se puede recuperar, pero una vida perdida no”, señaló López Miras, quien dijo que la decisión “obedece a un único argumento, el de no poner en peligro a las miles y miles de personas que cada mañana salen de sus casas y a las que, en sus distintas ocupaciones, les resulta imposible guardar unas mínimas medidas de seguridad”.
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