El PP, según informa en nota de prensa, ha presentado una proposición no de ley con la que pide al Ejecutivo una nueva metodología para cuantificar las defunciones, en concreto una auditoría que recoja datos por provincias, con periodicidad semanal y desglosados por rango de edad. La fecha de inicio sería el 1 de marzo.
Vox, por su parte, ha registrado una serie de preguntas para resolver las dudas sobre la veracidad de los números del Gobierno.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido después del Consejo de Ministros, ha defendido las cifras que proporcionan las comunidades autónomas por ser «fiables».
A su juicio, puede haber retrasos en la comunicación de las mismas, pero no teme que el número real sea superior al oficial, que se ha situado este martes en los 13.798 desde que comenzó la pandemia.
El PP aboga por otras fuentes y otro método, y así plantea recurrir al Registro Civil y a las licencias de enterramiento; a la «cifra esperada de fallecimientos en la provincia según la estadística el sistema de monitorización de los excesos de la mortalidad diaria por todas sus causas»; y a la cifra de fallecidos por la enfermedad COVID-19 y registrados como tales por Sanidad.
Según explica en la nota, mientras la Organización Mundial de la Salud indica que los positivos por coronavirus requieren de una prueba de laboratorio, el Gobierno «aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los test en todos los casos requeridos».
De ahí que, a criterio del grupo popular, «muchas defunciones causadas por el virus del SARS-CoV-2 no se están contabilizando correctamente».
Como hace Vox en muchas de sus preguntas, el PP se hace eco del cotejo de datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, que apunta a un incremento considerable de decesos respecto a las habituales en el mes de marzo.
«Son porcentajes muy superiores», afirma el grupo popular, para el que la misma situación se estaría produciendo en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.
Para el PP, «minimizar los datos de víctimas mortales de la enfermedad, quizá con el propósito de amortiguar el desasosiego ciudadano, dificulta la imprescindible tarea de elaborar una eficaz estrategia de salida del confinamiento».
Vox, a través de una serie de preguntas, pide al Gobierno que aclare qué fuentes oficiales está empleando.
@VOX_Congreso pregunta cuántos muertos por #Covid_19 se han dejado de contabilizar en España.
⚫ Según el Gobierno hubo 1.112 fallecidos en Castilla-La Mancha en marzo, mientras que el CGPJ sostiene que serían 1.921.
Una diferencia de más de 800 ponen en duda al Gobierno. pic.twitter.com/bwbyHw0u3E
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) April 7, 2020
También usa como base documental los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, según los cuales, dice Vox, «puede deducirse que frente a los 1.112 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha», el organismo citado situaría el número en 1.921.
La formación que lidera Santiago Abascal sospecha de «distorsión» en los datos que publica el Gobierno, y por este motivo, pregunta si ha una ocultación «consciente» o «retrasos».
Estrella Digital