Los presidentes regionales ha participado en la videoconferencia de habitual de los domingos con el presidente del Gobierno para analizar la situación de la pandemia después de que Sánchez anunciara su intención de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, permitir la salida de menores desde el 27 de abril y proceder a una desescalada «asimétrica» según territorios.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, le ha reclamado respeto a los marcos competenciales y poder participar en un diseño de la transición singularizado, antes que una «desescalada asimétrica con el pilotaje del Gobierno español».
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido directamente que se le deje gestionar el desconfinamiento, lo que ha justificado porque cada territorio requiere de respuestas específicas y adaptadas a su realidad.
Ha puesto además sobre la mesa su propia propuesta para que los niños puedan salir a pasear por turnos de edad próximamente y ha indicado que las decisiones sobre las medidas de la desescalada se deberían tomar en todo momento en función de la situación epidemiológica y la capacidad del sistema sanitario.
Desde Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara, ha pedido «cautela y prudencia» para afrontar las medidas de un desconfinamiento que a su juicio no puede ser homogéneo, sino por comarcas, municipios o barrios.
Y a la hora de concretar la edad tope de los menores que podrán salir a partir del 27 de abril ha pedido tener en cuenta la «edad pediátrica», que es de 14 años, en lugar de los 12 anunciados ayer.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez «más información sobre el horizonte de la desescalada» para dar certeza a las familias, a los trabajadores y a los agentes económicos. Por ello ha demandado una «hoja de ruta aproximada» de los pasos que prevé dar el Gobierno.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, en la misma línea que otros de sus homólogos, ha trasladado al presidente del Gobierno que su comunidad está «en mejores condiciones» que otros territorios para encabezar un desconfinamiento progresivo en determinadas comarcas o municipios, y también por sectores.
También ha reclamado que se elabore un plan nacional de rescate a la industria turística, ya que ha informado de que sólo en la comunidad andaluza pueden registrarse pérdidas de 15.000 millones de euros y 140.000 empleos.
De la hostelería y el turismo se ha acordado también el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien le ha planteado a Sánchez un «rescate público nacional» a este sector turístico porque es donde «mayor» va a ser el impacto de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que Navarra está «razonablemente» preparada para afrontar la desescalada.
Desde Asturias, su presidente Adrián Barbón es otro de los que ha reivindicado estar en condiciones de iniciar un proceso de desescalada «distinto» al de otros territorios y se ha mostrado partidario de estudiar la posibilidad de regular salidas para hacer deporte.
«Creo que Asturias está en condiciones de iniciar un camino de desconfinamiento distinto, que no tiene porque ser homogéneo en el conjunto del Estado».
La jefa del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, ha apelado a «no bajar la guardia» y valorado la posibilidad de una nueva flexibilización a las entidades locales para ayudarles a afrontar también esta situación.
Otro presidente que también ha manifestado a Sánchez la necesidad de que la desescalada no se haga por igual en todo el país ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha propugnado que «ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ni cada comunidad autónoma pueda hacer lo que le dé la gana».
Mañueco ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos y, sobre todo, existan unas «condiciones iguales para toda España», mientras que sí ha aceptado que el «cómo y el cuando» de estas medidas de desescalada se decidan «codo con codo» con las comunidades autónomas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, se ha mostrado a favor del anuncio de Sánchez de aliviar el confinamiento de los menores a partir del 27 de abril y ha propuesto también aliviarlo para «embarazadas o personas que por sus circunstancias necesiten salir».
Díaz-Ayuso ha incidido en que este alivio deberá hacerse «con todas las precauciones y criterios sanitarios» y ha pedido criterios «muy firmes» para evitar una segunda oleada de contagios.
Desde Cantabria, el presidente Miguel Angel Revilla, ha puesto sobre la mesa también que las comunidades autónomas tengan capacidad de decisión en la desescalada del confinamiento porque a su juicio son las que mejor conocen sus propios territorios.
Por eso ha pedido que las autonomías tengan «algo más de voz que acudir los domingos a una reunión matinal».
«Me he atrevido a decir que esto parece una reunión de un equipo de monaguillos con el prior de la comunidad», ha afirmado Revilla, quien considera que las comunidades autónomas deben tener potestad sobre los permisos de desescalada porque cree que la problemática de un territorio, «el que la conoce, es el que la padece y vive allí».
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