Asimismo, explica que las comunidades que han mostrado su disconformidad con estos acuerdos, pueden sumarse con posterioridad.
Según recoge la orden, su publicación responde «al deber y responsabilidad del Ministerio de ofrecer, con la mayor urgencia, las vías necesarias para que las administraciones educativas competentes que muestren su acuerdo puedan de forma inmediata organizar el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020.
De esta forma, se busca satisfacer los requerimientos y las expectativas de la comunidad educativa en el actual escenario de emergencia sanitaria y ante las consecuencias que esta crisis tiene en la vida de los estudiantes, sus familias y los docentes.
Para ello, «se recurre a los procedimientos de emergencia y urgencia que se prevén por la normativa vigente, pero en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, y siempre teniendo en cuenta el parecer que han expresado públicamente los miembros de la comunidad educativa», añade.
Recuerda que las comunidades que han mostrado su disconformidad con algunas directrices del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril son Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Murcia y Madrid.
La orden establece que la evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020 considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso y que la promoción será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada.
Añade que la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato y de FP, para lo cual las administraciones educativas adaptarán los criterios exigibles para obtenerla, pudiendo organizar pruebas extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen.
Pese a no haberlo ratificado expresamente, las mayoría de las comunidades que rechazaron este acuerdo sobre fin de curso han asumido su contenido y han comunicado a sus docentes que primen los resultados de las dos primeras evaluaciones, aunque se remiten a «la normativa estatal» para fijar los criterios de titulación y promoción.
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