En el pleno de la Asamblea de Madrid, donde comparece a petición propia para explicar su gestión por el coronavirus, Ayuso ha señalado que «a pesar de que desde el Gobierno central transmitían constantemente que el virus no tendría prácticamente incidencia en España», la Consejería de Sanidad comenzó a estudiar qué necesidades tendría Madrid si el virus se extendía, cuando consideraban que «en aquel momento, su capacidad de infección sería como una gripe».
Ayuso ha relatado cómo la Comunidad comenzó a analizar la situación ante las previsiones de expansión del coronavirus, y ha explicado que el 30 de enero se reunió junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el Comité de Expertos Asesor para la COVID-19, un órgano que, ha dicho, se constituyó, «seis días antes».
«Es decir: tres semanas antes de que se conociera la noticia del primer fallecimiento por el virus en España (ni siquiera en Madrid) el Gobierno regional ya estaba trabajando», ha sostenido.
Ante las «sospechas» del nuevo coronavirus en Madrid, Ayuso ha señalado que se envió a todos los centros sanitarios, tanto públicos como los privados, los protocolos adoptados en el Comité de Expertos Asesor y se habilitó en la web de la Comunidad una sección especial, además de un teléfono de información para los ciudadanos, que ha recibido «más de medio millón de llamadas».
El Gobierno madrileño insistió en la necesidad de comprar Equipos de Protección Individual (EPI) en las Comisiones de Salud Pública del Ministerio de Sanidad pero, ante la «inactividad» del Ejecutivo central, durante el mes de febrero se iniciaron contactos para hacer las primeras compras extraordinarias de material, que culminaron el 4 de marzo con la firma de los primeros contratos.
También se ampliaron plantillas, con la contratación de 1.142 profesionales en hospitales y centros de Salud, y se reforzó el SUMMA con el SAMUR y la Cruz Roja.
Tras ello, el Gobierno regional pidió el cierre de los centros de mayores de día y residencias y, «ante la negativa del Gobierno central», se decretó su clausura al día siguiente por «responsabilidad».
El 9 de marzo, un día después de la manifestación del 8M, las previsiones de contagio por COVID-19 en la Comunidad de Madrid se extendió a «30.000 posibles» infectados, por lo que nuevamente se dirigieron al Ejecutivo central para comunicarles que «unilateralmente» cerrarían los colegios y universidades y prohibirían las entradas y salidas en los hospitales «para proteger al personal sanitario».
«Pedí disculpas a la población en cada declaración pública, pero estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Y el tiempo nos ha dado la razón», ha indicado.
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