Se encontrarán en una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas -en versión reducida, ya que apenas habrá una docena de senadores en vez de los 58 que la componen- que solicitó el PP y que se convocó gracias al apoyo del PNV en la Mesa de la Cámara sin el respaldo del PSOE, que además la preside.
El Ejecutivo estará representado por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, mientras por la parte autonómica solo habrá cinco presidentes y diez consejeros de otras tantas comunidades, entre las que faltarán Cataluña, Baleares y Canarias.
Los cuatro presidentes del PP son Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Fernando López Miras (Murcia) y Juan Jesús Vivas (Ceuta), quienes parten del supuesto de que la ministra no debería ser su interlocutora, sino el propio presidente Pedro Sánchez.
El quinto presidente es del PRC, el cántabro Miguel Ángel Revilla, primero en intervenir tras la ministra y quien ya ha anunciado que hará hincapié en los 450 millones de euros de daño económico que la pandemia ha ocasionado en Cantabria, por los que pedirá ayuda financiera mediante un fondo excepcional y autorización para endeudarse.
No habrá ningún presidente socialista y los demás representantes autonómicos serán vicepresidentes o consejeros, como el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, o el de Gobernanza Pública de Euskadi, Josu Erkoreka.
Y no de todas las autonomías, porque las dos insulares, Baleares y Canarias, ambas gobernadas por el PSOE, no enviarán a nadie bajo el argumento de la falta de vuelos con la Península, como tampoco lo hará Melilla ni la Generalitat de Cataluña.
«No consideramos que en el Senado, y a petición del PP, deba producirse una sesión de control al Gobierno de Cataluña. Respondemos ante el Parlamento de Cataluña», ha afirmado la consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó.
Así, en el hemiciclo quedarán vacíos cuatro escaños de los 19 reservados para autonomías y ciudades autónomas.
Las expectativas con las que acuden al encuentro son diferentes, según se trate de representantes de autonomías socialistas o gobernadas por el PP, partido cada vez más beligerante con el modo en que el Gobierno está gestionando esta crisis, y cuya tirantez con el Ejecutivo se nota especialmente en Comunidades como la de Madrid.
Hoy mismo, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el Ministerio de Sanidad obligó a «enviar comunicaciones eclipsando el problema» de la expansión del coronavirus en febrero, además de cuestionar muchas medidas del estado de alarma por ir «en contra de las libertades».
El murciano Fernando López Miras ha recalcado por su parte en la ausencia de Sánchez en el Senado y ha considerado «un paso atrás que no quiera sentarse con los presidentes autonómicos en la Cámara Territorial».
Y Juan Jesús Vivas ha anunciado desde Ceuta que trasladará la «injusticia» cometida con la ciudad autónoma por los 7,2 millones de euros que ha dejado de ingresar del Estado en 2019 y pedirá que permanezca cerrada la frontera con Marruecos.
Alertado sobre el «uso político» que según sospecha el PP hará de la comisión, el portavoz del PNV en la Cámara Alta, Jokin Bildarratz, ha apostado hoy por una actitud «constructiva».
Y ha adelantado que el País Vasco no comparte el esquema provincial de la desescalada, por lo que reivindicará el papel central de las comunidades autónomas en el proceso.
También teme el grupo socialista que el PP emplee la Comisión General para introducir más tensión política, y esta misma semana su portavoz en el Senado, Ander Gil, ya advirtió de que la presidenta madrileña está actuando como «ariete y desgaste» contra el Gobierno.
Eso sí, asegura que el PSOE acude a la cita con ánimo «positivo» y dialogante y estará «a la altura» a la hora de buscar acuerdos.
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