En un comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, ha apuntado que en ese nuevo decreto del estado de alarma, que tendrá que pasar por convalidación en el Congreso, también supondrá «aminorar mucho» las condiciones actuales.
Y que tendrá «más asimetría que ahora» ya que se va a considerar aún más cuáles son las condiciones de desescalada y el ritmo de cada territorio, para ahondar también en la «cogobernanza» con las comunidades autónomas en las próximas fases.
Calvo ha insistido en la necesidad de seguir manteniendo el estado de alarma durante este proceso hacia la «nueva normalidad», como lo ha denominado el Gobierno, para no «caer en la irresponsabilidad» de que pueda producirse un rebrote y no tener instrumentos para poder frenar la movilidad ante ese foco.
También ha reiterado la postura del Gobierno contraria a facilitar el nombre de los expertos que han asesorado sobre las fases para la desescalada porque «ningún responsable político tiene que dar el nombre de funcionarios que están trabajando».
Ha distinguido entre los expertos externos que asesoraron sobre cómo tenía que ser la desescalada, cuyos nombres se han conocido, y los que han trabajado para establecer las fases, que son del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), técnicos y funcionarios que fueron nombrados por el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.
Sobre la posibilidad de establecer algún sistema de rastreo para controlar la expansión de la enfermedad, la vicepresidenta ha advertido de que hay un debate «muy complicado» respecto a este tipo de herramientas de control y ve «complicado que pueda ser una salida fácil o incluso la mejor» porque requeriría incluso «reformas legales».
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