Fuentes de la cadena hotelera Room Mate, propietaria de los establecimientos, han confirmado esta información y han subrayado que será Ayuso la que abone el pago de este «paquete».
En declaraciones, el presidente de Room Mate, Kike Sarasola, cifró el coste total mensual del alojamiento en 2.400 euros, ya que por larga estancia el precio por noche se reduce a 80 euros.
Este apartahotel está siendo objeto de polémica ante la duda de si su gasto correría a cargo de la Comunidad de Madrid o era un regalo, unas suposiciones ante las que el Gobierno regional y la cadena hotelera aseguran que será la presidenta quien lo abone.
La propia Ayuso ha defendido en el pleno de la Asamblea de Madrid su decisión de alojarse en un apartahotel durante la pandemia del coronavirus, al ser «un sitio digno» para trabajar, como querría «cualquier presidente autonómico», y que además pagará «de su bolsillo.
La cadena hotelera Room Mate ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.
De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios sociosanitarios.
Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.
Un «error» según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.
El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), ha decidido cesar a un técnico tras recabar el miércoles «la versión de todas las personas implicadas» y constatar «que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo», han informado este jueves fuentes de la Consejería.
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