La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha detallado estos datos después de que la Junta haya enviado a la Fiscalía de la Comunidad toda la documentación relativa a la orden sobre la atención sanitaria de los usuarios de residencias que está investigando el Ministerio Público.
Casado ha insistido en la defensa de las normas y recomendaciones dictadas en Castilla y León para «promover la calidad de la atención y la supervivencia de las personas mayores».
Ha preferido no pronunciarse sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid entre representantes del PP y Cs por discrepancias en torno a las órdenes de derivación de residencias a hospitales, porque ha dicho que no sabe si son «exactamente iguales».
En el caso de Castilla y León, la consejera ha defendido que no ha existido ninguna discrepancia interna en el seno del Gobierno autonómico en esta materia.
En su opinión, este número de mayores hospitalizados muestra que «nunca se prohibió la derivación», sino que los especialistas de su Consejería, apoyados por el Comité de Bioética, determinaron que fueran atendidos «donde fuera más oportuno», lo que no impidió que «3.595 personas» usuarias de residencias fueran derivadas a hospitales desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de mayo, según el dato aportado por la consejera.
No todas estas personas fueron ingresadas, ha reconocido Casado, quien no obstante ha insistido en que también las Unidades de Cuidados Intensivos acogieron a personas de mayor edad, aunque como en el caso de personas más jóvenes pero con otras complicaciones de salud, eran los médicos intensivistas los que determinaban con criterios clínicos quiénes podían superar el ingreso en esas unidades críticas.
«Ningún médico iba a aceptar», ha planteado Casado ante la posibilidad de que se hubiera limitado algún traslado en el que las personas mayores de residencias necesitaran esta evacuación.
Del mismo modo, sobre otra de las cuestiones que ha motivado las discrepancias en la Comunidad de Madrid, la dignidad de la muerte en las residencias respecto a los cuidados paliativos de un hospital, Casado ha defendido que «se puede mantener en los dos sitios» y ha recordado que su departamento dictó en ese tiempo órdenes reguladoras relacionadas con la «muerte digna» y específicamente un «plan de humanización».
Ha reconocido, no obstante, que en esas fechas «el golpe fue enorme» en términos de atención sanitaria a un número de casos elevado, aunque ha insistido en que la creación de los denominados «equipos Covid-residencias» sirvió para mejorar la atención sanitaria en estos espacios.
En Castilla y León hasta el momento han muerto con la COVID confirmada por test 1.480 usuarios de residencias, mientras que los fallecidos con síntomas compatibles -sin prueba realizada- suman 1.104, según los datos aportados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que cuantifica así en 2.584 usuarios de residencias que habrían pedido la vida tras infectarse del coronavirus.
De entre estos usuarios, 786 personas mayores fueron derivadas a hospitales y murieron allí desde que comenzó la incidencia de la pandemia, según el registro de la Junta de Castilla y León.
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