Fuentes de JxCat han confirmado este miércoles que Borràs acudirá personalmente a la Comisión, a pesar de que el reglamento del Congreso permite que este trámite de presentación de alegaciones se haga por escrito.
El de este jueves es el cuarto paso del trámite para el aval o el rechazo del suplicatorio que el Tribunal Supremo ha cursado a la presidenta de la Cámara, la diputada socialista Meritxell Batet.
El primero fue la aceptación del escrito por parte de la Mesa del Congreso; el segundo la remisión a la Comisión del Estatuto; y el tercero, la reunión de los integrantes de este órgano parlamentario para poner fecha las alegaciones de Borràs.
El procedimiento continuará en el momento en que los diputados que forman la citada Comisión empiecen a redactar el dictamen; una vez concluido, lo entregará a Batet.
Si ese informe pide tramitar el suplicatorio y la Mesa da su visto bueno, el pleno tendrá que ratificarlo. Y si todo esto sucede, Borràs sería entonces juzgada por el Supremo.
El tribunal quiere juzgar a la diputada independentista por posibles delitos de fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación o malversación, cometidos presuntamente en la adjudicación de una serie de contratos a un amigo cuando Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
Como es diputada nacional, es aforada, así que a la portavoz de JxCat sólo le puede juzgar el Supremo.
Treinta días tiene la Comisión del Estatuto del Diputado para completar el procedimiento de este suplicatorio, el primero de la legislatura.
Dicha Comisión, tal y como indica el reglamento, muestra una estructura particular: consta de una presidencia, de una vicepresidencia y de una secretaría que recaen en tres representantes de los grupos más numerosos; la Presidencia corresponde, por tanto, al PSOE, en concreto a la diputada por Huesca Begoña Nasarre.
Asimismo, cada grupo está representado por un solo parlamentario.
Su objetivo es estudiar las circunstancias que afecten a los derechos y deberes de los diputados, caso de los suplicatorios que pidan las autoridades judiciales.
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