En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Darias ha respondido así a una pregunta del diputado de UPN Carlos García Adanero sobre cuándo tiene previsto el Ejecutivo retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley Foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.
Darias ha recalcado que el diálogo y el entendimiento es fundamental para el Gobierno, pero también el principio de legalidad.
Ha recordado que de los 18 aspectos del Fuero Nuevo que la Abogacía del Estado cuestionó su constitucionalidad cuando fue aprobado en abril del año pasado, se llegó a un acuerdo sobre nueve.
«Por tanto, el diálogo se ha iniciado ya y seguimos en ello», ha subrayado, pero ha añadido que «también en el respeto a la constitucionalidad», porque los informes de la Abogacía dicen que todavía hay posibles vulneraciones.
Ha recalcado que el Gobierno se debe a esos informes, porque hay «controversia jurídica» y porque, de lo contrario, «¿qué pasaría?», ha preguntado.
«No es una cuestión de hablar o dejar de hablar, sino de respeto», ha subrayado el diputado de UPN, que ha recordado que el Derecho Civil de Navarra es competencia exclusiva de la Comunidad Foral, como «está muy claro» en la Constitución.
García Adanero ha destacado que Navarra es una comunidad leal con España, pero, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo respetuosa ni con sus instituciones ni con su historia ni con sus ciudadanos.
El Consejo de Ministros acordó en enero interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Fuero Nuevo, aprobados en abril de 2019, al considerar que invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.
El Ejecutivo estima que hay una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en algunas leyes, así como su competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes.
Además, considera que otras leyes afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva.
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