Una «nueva normalidad» que el Ejecutivo pretende mantener: no contempla ni a corto ni a medio plazo decretar de nuevo el estado de alarma a la vista de los datos epidemiológicos, aunque también admite que lo hará si es necesario y reconoce que esta figura constitucional es difícilmente sustituible si se pretenden restringir derechos como la movilidad.
A dos días de que el Congreso debata la convalidación del decreto que regula las medidas para el periodo posterior al estado de alarma y hasta que la emergencia del coronavirus finalice, el líder del PP, Pablo Casado, ha lanzado ese guante al Gobierno al asegurar que su partido está dispuesto a apoyar esta norma, si en la Moncloa se avienen a negociar mejoras que considera «necesarias».
Casado, en cualquier caso, ha insistido en reclamar un «plan B» que permita aplicar medidas drásticas sin tener que recurrir al estado de alarma. Y ha reclamado que para negociar el decreto de «nueva normalidad» el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se siente a hablar con la exministra del ramo Ana Pastor.
La oferta del PP llega en un momento en el que el Gobierno no parece que vaya a necesitar los votos del principal partido de la oposición para sacar adelante el decreto, por contar con los apoyos de PNV y Cs, entre otros, aunque la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha respondido a Casado asegurando que, si los populares quieren hablar, se hablará con ellos.
Pero Montero ha dejado claro que el Gobierno desconfía de las intenciones de los «populares», sobre todo tras ver el comportamiento «inadmisible» del partido de Casado en Europa, apoyando que se pongan condiciones a las ayudas a España en lugar de estar del lado del Gobierno en la negociación de la UE.
Durante buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también titular de Hacienda ha cargado contra el principal partido de la oposición por su posición europea.
Ha considerado «gravísimo» que el partido de Casado haya estado «hablando mal de España» fuera de nuestras fronteras y le ha vuelto a pedir «lealtad y unidad» para afrontar la reconstrucción.
«Vuelvo a solicitar al PP que defienda a España en Europa» y que lo haga de forma «leal» y «sin dobleces», ha dicho Montero, quien ha añadido que lo que está en juego es el futuro del país, y por eso se necesita «a todas las fuerzas políticas sin fisuras».
Y ha añadido que «toca defender los intereses del país, no estar pidiendo condiciones» para los fondos por una «supuesta desconfianza en la gestión del Gobierno» que el PP quiere transmitir.
Cuando ha conocido las intenciones del PP de negociar el decreto, la portavoz del Ejecutivo ha dicho temerse que el Partido Popular recurra a esta estrategia dialogante como «maquillaje político» ante la proximidad de las elecciones gallegas y vascas, porque le pueda interesar pensando en la cita con las urnas del 12 de julio.
Y ha dejado clara su desconfianza, augurando que la moderación que hoy vende el PP desaparecerá mañana en la sesión de control del Congreso.
A pesar de todo, la ministra ha asegurado que el Gobierno se reunirá con el PP «una o cuantas veces sean necesarias», porque desde el principio ha «tendido la mano» a este partido.
Y ha vuelto a pedir a los «populares» que abandonen su «seguidismo de la ultraderecha» y la «competición por el insulto y la noticia falsa» con Vox y decidan participar «en todos los instrumentos que ellos mismos han solicitado», como la Comisión de Reconstrucción.
En el Partido Popular aseguran que las intenciones de Casado son reales y lo que busca es mejorar el texto que debate el Congreso el jueves, según han apuntado fuentes de la dirección nacional del partido.
Aseguran que no van con «máximos» y quieren que Illa se siente con Pastor porque consideran que el Ejecutivo debe hablar con el principal partido de la oposición, a pesar de lamentar el comportamiento del Gobierno, con su portavoz arremetiendo contra los populares desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Gobierno ha reprochado a uno de sus socios prioritarios, ERC, su posición ante el decreto de «nueva normalidad».
Esquerra anunció ayer su voto negativo al decreto y criticó que el Gobierno haya negociado con Ciudadanos y no con los partidos que facilitaron la investidura.
Un reproche al que Montero ha respondido que «no es momento de decidir por algo que nada tiene que ver con la letra» de esta norma, que ERC «parecía compartir», mientras la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha lamentado que por los «vetos cruzados», y para no coincidir con Cs, el partido republicano vaya a votar lo mismo que Vox.
Estrella Digital