El decreto ley, que se ha aprobado este viernes en el pleno del Gobierno valenciano, contempla sanciones de un máximo de 100 euros por incumplir la obligación del uso de mascarilla o hacer un uso inadecuado de la mismas, y de entre 30.000 y 60.000 euros por vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario de personas que hayan dado positivo en coronavirus.
La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha manifestado en una rueda de prensa que «no se puede permitir que comportamientos irresponsables e insolidarios» pongan en peligro a los valencianos y provoquen rebrotes «que pueden derivar en medidas aún más drásticas que nadie quiere ni podemos permitirnos».
Bravo ha reivindicado que esta norma no tiene «afán recaudatorio», sino una finalidad «disuasoria» y que la ciudadanía y los responsables de locales de ocio conozcan el catálogo de infracciones con el fin de «persuadir y evitar que se produzcan», y ha precisado que lo que se recaude con estas sanciones irá a luchar contra la COVID-19.
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