Esta es la principal novedad de un documento que Hacienda está negociando con la cúpula de la FEMP, es decir con el presidente y alcalde socialista Abel Caballero, pero que para los alcaldes del PP no es ninguna concesión del Gobierno, porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplir la regla de gasto.
Además, los alcaldes del PP consideran que la suspensión de la regla de gasto este año es insuficiente y debería ser extensible a 2021, que es cuando se sufrirán las consecuencias por la bajada de la recaudación y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
Aparte de esta supuesta concesión, el Gobierno mantiene la propuesta inicial que se basa en que los ayuntamientos constituyan voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes.
En principio, este año y el próximo, los ayuntamientos podrían movilizar un total de 5.000 millones de euros, resultado del 35 por ciento de los remanentes que, voluntariamente, las entidades locales entregarían al Ministerio de Hacienda. El resto del préstamo lo devolverían en 10 años.
Los ayuntamientos podrán destinar este dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
El portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha pedido que la negociación se abra a todos los partidos políticos, porque, si ésta es la propuesta última, «es inaceptable».
Para Azcón, la propuesta se resume en que los ayuntamientos pierden en 2020 y 2021 el 65 por ciento de sus ahorros, que, sin embargo, gana el Estado en liquidez.
Además, ha dicho, el Estado no comienza a devolver el préstamo hasta 2022, porque se le dan dos años de carencia.
Por tanto, ha considerado necesario renegociar el acuerdo, ya que, de no ser así, se abrirá una brecha en el municipalismo en el seno de la FEMP.
Otro asunto criticado por los alcaldes es que la propuesta hable de estudiar la participación de las entidades locales en las ayudas europeas, pero no fije un porcentaje de reparto.
Azcón ha recordado que el documento necesitará el visto bueno de la Junta de Gobierno y de momento no lo tiene, ya que toda la oposición está en contra e incluso parte de los alcaldes socialistas.
La Junta de Gobierno se compone de 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, 1 de Cs, 1 de IU-Podemos y 1 del PdeCat.
El próximo martes, la FEMP ha convocado esta Junta de Gobierno, donde se podría incluir en el orden del día este punto.
Azcón ha recordado que la semana pasada ya se convocó una Junta de Gobierno para este asunto, y se pospuso al constatar la presidencia de la FEMP que no podía salir adelante.
Otra novedad de la propuesta de Hacienda es que, excepcionalmente, se prorroga a 2021 el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y se estén financiando con superávit de 2018.
Esta medida también ha sido criticada por los ayuntamientos que no tienen inversiones financieramente sostenibles y que están en situación de mayor precariedad.
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