López ha indicado que ha tenido conocimiento de que «no existía ninguna comisión de expertos que asesorara al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las decisiones en cuanto a la evolución de la desescalada como consecuencia del coronavirus».
Para el consejero de Justicia, esto determina que «hay una nueva mentira del Gobierno de España» y «nos pone en la pista definitiva de que estamos ante un proceso que era oscuro, falto de transparencia y falto de objetividad» y que se adoptaron medidas como denegar el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 «por criterios estrictamente políticos».
«La inexistencia de este comité de expertos, esta mentira por parte del Gobierno de la nación», ratifica a la Comunidad de Madrid en su decisión de haber presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegarle el paso a la fase 1 de la desescalada en dos ocasiones (los días 11 y el 18 de mayo), ha recalcado.
En su recurso ante el Tribunal Supremo, ha recordado, la Comunidad de Madrid pide que se objetiven las razones por las cuales Madrid no pasó a la fase 1 como otras autonomías que se encontraban «en situaciones epidemiológicas iguales o peores» que la región madrileña.
«Estamos ante otro ministro que miente, que se une al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación con el caso Delcy Rodríguez en Barajas, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con los motivos del cese del teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos», ha apuntado López.
Ahora, ha subrayado, «tenemos una nueva mentira, que es la inexistencia del comité de expertos, que más que un comité médico, parece un comité mágico».
En este sentido, «OK Diario» publica este jueves que el Defensor del Pueblo ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una contestación por escrito dirigida al PP.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo central de «arbitrariedad» por haber negado el paso a la fase 1 de la desescalada a la Comunidad de Madrid, y el Gobierno afirmó en ocasiones que las decisiones procedían de un comité de expertos, pero se negó a dar sus nombres.
Ahora, el Defensor del Pueblo asegura que el Gobierno incumplió las obligaciones de transparencia, ya que la Ley General de Salud Pública dispone que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública».
En la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo, Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, señalaba que «no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que puedan avanzar en la desescalada del confinamiento, puesto que la responsabilidad en la toma de decisiones en esta materia corresponde al ministro de Sanidad, tras su valoración con las distintas comunidades autónomas».
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