Según ha adelantado El Periódico y han confirmado fuentes de la investigación, agentes de la Guardia Civil acudieron este miércoles a las consellerías de Salud y Asuntos Sociales, por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, para recabar expedientes vinculados a la compra de material sanitario e información sobre los geriátricos que fueron intervenidos por la Generalitat durante el estado de alarma.
Los agentes también recabaron por orden judicial información sobre los ancianos que fueron trasladados de centro, las medidas de aislamiento, la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus en los geriátricos así como las pruebas PCR que practicaron, según las fuentes.
Además, en el marco de esta investigación, la Guardia Civil también ha tomado declaración como testigo a la presidenta de las patronales Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Dependientes, para saber de primera mano si adquirieron material sanitario, quiénes eran sus interlocutores en la Generalitat y si sus propuestas fueron atendidas por la administración.
El juez indaga si en la gestión de los geriátricos, tanto por parte del Govern como de los propias residencias de ancianos, se han cometido errores de coordinación, déficit en la atención a los internos y si funcionaron los protocolos de prevención ante el coronavirus, entre otros aspectos.
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