El llamamiento a la movilización ha partido del vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, que, tras una reunión con alcaldes en Almuñécar (Granada), ha denunciado que el Gobierno ha aprobado el real decreto-ley con «agosticidad y alevosía», pero, además, ha acusado a Pedro Sánchez de «doble traición» por «abandonar al mundo local durante la pandemia y ahora pretender apropiarse de los ahorros de las entidades locales».
El mismo día que González Terol hacía este llamamiento, el portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde pide una reunión para renegociar el acuerdo que deja fuera del reparto de fondos a los ayuntamientos sin liquidez.
En la misiva, Azcón solicita a Montero una reunión telemática, en nombre de los diez alcaldes de ocho partidos que el pasado viernes suscribieron una declaración de rechazo al acuerdo de Hacienda aprobado en la Federación de Municipios con el único respaldo de los socialistas.
Por tanto y en representación de los regidores de Madrid, Murcia y Zaragoza, las tres del PP; Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Pontevedra (BNG), Reus (PdeCat), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Valencia (Compromís), Azcón exige la «rectificación, de forma inmediata, de los términos del acuerdo, así como el inicio de negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y la solidaridad».
Además de la carta y la petición de comparecencia urgente de la ministra en el Congreso, esta semana el PP enviará la declaración de rechazo al acuerdo, suscrita por diez alcaldes, a todos los regidores de capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes con la esperanza de que se sumen, también algunos del PSOE.
No es este el ánimo que se percibe en el Partido Socialista. La vicepresidenta segunda de la FEMP y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (PSOE), ha garantizado este lunes el «cierre de filas» de los regidores socialistas ante el acuerdo de Hacienda.
En declaraciones a Efe, Tolón ha reafirmado la unidad del partido en este asunto y ha descartado que alguno de sus alcaldes vaya a sumarse a la declaración de rechazo suscrita por regidores de ocho formaciones políticas.
Pero no sólo movilizaciones, carta y declaraciones maneja el PP, González Terol ha llamado a las formaciones políticas a sumarse al recurso que piensan plantear ante el Tribunal Constitucional.
Se trata, ha dicho González Terol, de hacer frente «a este latrocinio y este robo» y ha asegurado que los ayuntamientos del PP no sucumbirán al «chantaje» de Pedro Sánchez y no ingresarán ni un solo euro en las arcas de la Administración General del Estado.
Además de todo esto, el PP ya ha anunciado mociones en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Todo dentro de una ofensiva municipal que pretende sumar formaciones de todo el espectro político.
Hoy ha tenido lugar la primera de esas movilizaciones y se ha celebrado en Vigo, con todo el simbolismo que representa ese consistorio.
El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, deshizo con su voto de calidad el empate de la Junta de Gobierno de la FEMP, logrando así que el acuerdo de Hacienda saliera adelante con el único apoyo de los socialistas.
Un centenar de alcaldes, concejales y portavoces de municipios y diputaciones del PP de toda Galicia se han concentrado a las puertas de este Ayuntamiento para mostrar su «absoluto rechazo» a la «incautación» de sus ahorros y tras una pancarta en la que se leía «Abel, Sánchez, devolved el dinero de los vecinos».
Además de esta primera movilización, González Terol mantendrá a última hora de la tarde un encuentro telemático con 125 alcaldes y portavoces de ayuntamientos ante quienes dejará claro que el PP no va a financiar la «agenda ideológica» de Pedro Sánchez.
Tras la «ofensiva» de agosto, el decreto-ley comenzará la tramitación parlamentaria donde lo tiene muy complicado si, como es previsible, el único apoyo sigue siendo el del PSOE.
El PP ha advertido que si el decreto, finalmente, se tramita como proyecto de ley, los plazos serán tan ajustados que el dinero no llegará este año a las ciudades.
El real decreto-ley deberá convalidarse o derogarse en los 30 días posteriores a su publicación en el BOE por lo que esto debería producirse, como muy tarde, a principios de septiembre.
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