Barcelona, 11 ago (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tildado este martes de «falta de respeto» el acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes municipales y ha pedido «un poco de justicia» para con las administraciones locales.
En declaraciones a los periodistas, Colau, como ya ha comunicado el espacio político al que pertenece, el de los comunes, ha afirmado que Barcelona usará «todos los recursos» a su disposición para hacer frente a la crisis de la COVID-19.
«Y si eso significa tener déficit y usar parte de los remanentes de tesorería, pues los habremos utilizado», ha indicado.
El convenio firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido.
Sin embargo, ofrece estos 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado: los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021; el resto del dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022.
Se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda que suscitó el rechazo del resto de partidos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP (PP, Cs y PDeCAT), que entienden que el acuerdo abandona a los ayuntamientos sin liquidez, mientras que IU-Podemos optó por la abstención.
Colau ha apuntado que los consistorios ya están de por sí «muy infrafinanciados», mientras que el Ejecutivo central y las autonomías gestionan el 85 % de los recursos públicos.
Ha recordado asimismo que el pleno de la capital catalana expresó con unanimidad su desacuerdo con la propuesta del Ministerio de Hacienda.
«Los remanentes los necesitamos más que nunca para atender las necesidades más básicas de nuestra población. La ciudadanía más necesitada no va a los ministerios ni a las consejerías a pedir ayuda, sino a los servicios sociales locales», ha aseverado.
Lo propuesto por el Gobierno central es «inaceptable» y, ha añadido Colau, no podrá ser convalidado por el Congreso ya que solo los socialistas han avalado la propuesta -si bien no el grupo municipal socialista barcelonés, si se observa el sentido de su voto en el pleno municipal-.
Según la alcaldesa, no es de recibo que se «ate de pies y manos» a las administraciones locales en un momento tan delicado económicamente.
En el caso de Barcelona, ha dicho que la COVID-19 ha provocado una pérdida de ingresos previstos de unos 300 millones de euros, al tiempo que se han debido duplicar las ayudas sociales.
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