Las presiones arreciaron después de que el Parlament publicara en su boletín oficial las resoluciones aprobadas el viernes en el pleno extraordinario sobre la monarquía, suprimiendo los puntos que los letrados ya habían advertido que no se publicarían porque podían contravenir las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).
Quedó fuera, por ejemplo, la reprobación al rey Felipe VI o el fragmento en que se hablaba de la «monarquía delincuente».
Al final del texto publicado en el Boletín Oficial del Parlament se adjuntaba una nota de Muro en la que esgrimía su «deber» de «impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento» de las decisiones del TC.
Desde el lunes, JxCat y el propio Torra han exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que se publiquen de manera íntegra las resoluciones sobre el rey y que el secretario general de la cámara sea destituido por haberlas «censurado».
Hasta ahora, Torrent, principal cargo institucional de ERC, ha guardado silencio y ha evitado polemizar con JxCat, pero quienes sí han decidido dar un paso al frente han sido los letrados.
En un escrito dirigido a la Mesa del Parlament y firmado por nueve letrados -incluido el propio Muro, el letrado mayor, Joan Ridao, así como Esther Andreu, Mercè Arderiu, Antoni Bayona, Anna Casas, Ferran Domínguez, Clara Marsan y Miquel Lluís Palomares-, expresan su «pleno apoyo» al secretario general.
Muro, subrayan en su escrito, ha actuado según su «condición de jefe de la administración parlamentaria, con total independencia y profesionalidad».
La Junta de Letrados recuerda que el TC ha «impuesto personalmente al secretario general el deber de cumplir sus resoluciones y de no realizar actos jurídicos o materiales» que puedan «ignorar o eludir este deber» y le ha advertido de las «posibles responsabilidades», incluso penales, en caso de incumplimiento.
El escrito subraya que los servicios jurídicos del Parlament «forman parte de la administración parlamentaria y están integrados por funcionarios públicos que actúan con independencia de criterio y con objetividad en el ejercicio de sus funciones», de manera que su actuación debe «ajustarse a la legalidad y a lo que determinen las resoluciones judiciales que les afecten».
La diputada del PSC Alícia Romero ha aplaudido el escrito: «Todo nuestro apoyo a los letrados del Parlament que reivindican en un escrito su profesionalidad y objetividad, así como sus actuaciones necesariamente ajustadas a la ley. Tienen que dignificar las instituciones respetando la separación de poderes y la ley».
Uno de los más vehementes a la hora de pedir la destitución de Muro en estos últimos días ha sido el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat.
Costa había invitado a Torrent y a toda la Mesa a publicar bajo su responsabilidad la integridad de las resoluciones sobre el rey y hoy ha insistido en ello: «Hay que ser burro para pensar que publicar una resolución debatida y aprobada (porque un servidor y la mayoría de la Mesa ignoramos las amenazas del TC y de la oposición) ahora constituya un acto de desobediencia», ha señalado en Twitter.
«Pero si alguien tiene temblor de piernas, claro que asumiré la decisión», ha agregado.
ERC ha optado por no responder, aunque fuentes republicanas interpretan que detrás de los «ataques» contra Muro está la voluntad de JxCat de «desgastar» a Torrent y, por extensión, a Esquerra, a las puertas de unas nuevas elecciones en Cataluña.
Uno de los pocos en romper este silencio fue ayer el diputado de ERC Ernest Maragall, que denunció la «campaña de hostilidad extrema» de JxCat contra Torrent y acusó a Torra de «romper la regla de oro» de «distinción absoluta entre el ejecutivo y el legislativo».
AM