Así lo argumentan Junqueras y Romeva en un recurso de reforma que han interpuesto ante la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña para que deje sin efecto la suspensión cautelar de su tercer grado, en la misma línea de lo que también han solicitado el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Junqueras y Romeva advierte de que la decisión de la juez, que pese a avalar el pasado miércoles el tercer grado que la Generalitat concedió a los presos del procés en Lledoners lo dejó en suspenso hasta que resuelva el Supremo, no es «ajustada a derecho» ni tiene «amparo jurídico».
Según la defensa, la juez «confunde» las distintas fases procesales, ya que mantiene la suspensión pese a que ha avalado el tercer grado de los presos en una resolución que la Fiscalía aún no ha recurrido.
De esta forma, entiende que la juez se «extralimita» al mantener la suspensión de su tercer grado, ya que cree que no puede pronunciarse en tal sentido sin que ninguna parte lo haya solicitado.
En este sentido, recuerda que cuando la Fiscalía pidió que se suspendiera cautelarmente el tercer grado de los presos en su recurso contra la decisión de la Generalitat de concederles la semilibertad no lo hizo «sine die», sino hasta que se resolviera su escrito, que la juez ha desestimado esta semana al dar por buena su progresión penitenciaria.
«Además, es adelantarse a la posible existencia o no de un futuro recurso de apelación que pudiera interponer el Ministerio Público contra la aprobación judicial del tercer grado, algo que no solo carece de sentido, sino lo más importante, vulnera de forma flagrante el derecho de mi representado a la tutela judicial efectiva», sostiene el recurso planteado por la defensa de Junqueras y Romeva.
El exlíder de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull también pidieron este viernes a la juez que, una vez ha avalado el tercer grado que les concedió la Generalitat, revoque su decisión de mantener suspendida cautelarmente su semilibertad hasta que se pronuncie el Supremo.
Al igual que en el caso de Junqueras y Romeva, la defensa de Sànchez, Rull y Turull argumentó que la suspensión cautelar de su tercer grado «carece de cobertura legal», entre otros motivos porque la Fiscalía no ha recurrido por ahora su resolución ratificando la progresión a la semilibertad que la Generalitat concedió de los presos del procés.
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