Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha defendido las medidas restrictivas sobre aforos y reuniones sociales tomadas por la Junta para Valladolid y Salamanca ante el incremento de los contagios, porque la «obligación» es «preservar la vida y la salud» con la limitación «al máximo del contacto social».
En referencia a la protesta del sector cultural desarrollada ayer en la plaza Mayor de Valladolid, ha asumido que pueden recibir «críticas» o «insultos», pero mantendrán las medidas por «responsabilidad».
Igea ha vinculado las medidas tomadas en ambas ciudades con el «ritmo de crecimiento de los ingresos» en sus hospitales y con conseguir que no se produzcan «situaciones irreversibles».
«Es verdad que las medidas de control de aforo son muy exigentes, porque lo que pretendemos con las medidas es restringir al máximo el contacto social, al máximo», ha insistido Igea, quien se ha detenido en el argumento utilizado por el Arzobispado de Valladolid para criticar las medidas que limitan la asistencia a misa.
El vicepresidente ha expresado que es conocido que es «católico practicante», pero ha recordado que por su formación académica, con «13 años en los jesuitas», tiene claro que debe «ser responsable» y que «por encima del valor de la vida humana no hay nada».
Se ha mostrado convencido de que van a recibir «críticas» porque «las medidas no son populares», pero ha comparado las protestas del sector cultural, con sillas vacías en la plaza vallisoletana, con el impacto que tendría ver en ese mismo espacio los «4.000 ataúdes» de las personas que han muerto en la pandemia del coronavirus en Castilla y León.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valladolid y deniega la medida cautelar de suspender las nuevas restricciones en aforos aprobadas por el Gobierno regional para contener el coronavirus en esa ciudad.
Según el auto facilitado por el gabinete de prensa el Tribunal Superior este jueves, la Sala entiende que «la adopción de la medida (cautelar) que se solicita puede causar graves daños a la salud de las personas al comportar la suspensión de medidas (sanitarias) que tienen por objeto evitar la propagación de la enfermedad y cuya necesidad y urgencia aparece, en principio, justificada».
Estrella Digital