Como en cada ocasión, el acto solemne que rige la apertura del año judicial se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, pero al protocolo habitual que caracteriza esta ceremonia se sumará el sanitario para cumplir con las medidas de seguridad por la pandemia que arroja en los últimos días unas cifras preocupantes.
Habrá importante novedades. A la llegada se tomará la temperatura a todos los asistentes, quienes, además, estarán obligados a entregar un formulario sanitario en el que se declara no presentar síntomas de la COVID-19 y, evidentemente, llevar mascarilla.
Ya en el interior, se reducirá el aforo del Salón de Plenos a un 30% de manera que solo podrán acceder las autoridades judiciales y civiles invitadas para poder mantener así las distancias. La fórmula consistirá en enviar representantes de las diversas jurisdicciones e instituciones y no un nutrido grupo como venía siendo habitual.
Y no se celebrará el tradicional cóctel al término de la ceremonia, por lo que tampoco habrá ocasión para los ‘corrillos’ entre las autoridades y los tan solo 20 periodistas autorizados este año (uno por medio) que seguirán el acto desde la biblioteca.
El resto del acto se mantiene invariable. El rey dará inicio a la ceremonia al mediodía, en la que intervendrán la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que un año más pronunciará el discurso como máximo representante de ese órgano, y van siete, por la parálisis política que impide su renovación institucional.
Porque el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, está pendiente de renovación desde diciembre de 2018 y antes de las vacaciones de verano suspendió varios nombramientos judiciales a la espera de que fructificaran las negociaciones iniciadas entre el Gobierno y el Partido Popular.
Pero la situación vuelve a estar enquistada. Cuando todo apuntaba a un acercamiento entre el Gobierno y PP, los populares ha puesto una nueva línea roja, negociarán «siempre que se den las circunstancias adecuadas» que, a su juicio, no se dan con Podemos en el Gobierno, como dijo a Efe el secretario de Justicia en el PP, Enrique López.
Los populares reconocen contactos para renovar este órgano, porque «el PP cumplirá con sus obligaciones», pero apuntan al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como uno de los problemas, a quien acusan de «estar permanentemente atacando al poder judicial y a sus miembros en asuntos que le afectan y eso produce una deslegitimación».
Esta semana, el líder del partido, Pablo Casado, ha dejado clara su negativa a renovar los órganos constitucionales (también el Constitucional y el Defensor del Pueblo están pendientes de cambios) con Podemos en el Ejecutivo, pero además el nuevo portavoz de los populares, José Luis Martínez-Almeida, ha ido más allá al condicionar el acuerdo a un cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ.
La pandemia y el bloqueo del CGJP restan protagonismo a otros asuntos relevantes que marcarán el año judicial, especialmente la investigación que la Fiscalía del Supremo está llevando sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca en la que podría estar involucrado el rey emérito Juan Carlos I.
El Ministerio Fiscal tiene que determinar o descartar si hay indicios de responsabilidad penal por hechos que el rey emérito pudo cometer desde junio de 2014, cuando, al abdicar, dejó de ser jefe del Estado y, con ello, dejó de ser inviolable.
También destacan las decenas de querellas y denuncias contra el Gobierno por su gestión durante el estado de alarma, sobre las cuales tiene que informar la Fiscalía al Supremo y que pueden agitar el panorama político; la sentencia de la Gürtel, el futuro del president de la Generalitat Quim Torra -y de la presidencia catalana- una vez revise el Supremo su condena o la investigación abierta por la presunta financiación irregular de Podemos.
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