El PSOE y Unidas Podemos se quedaron solos en la defensa del decreto en la Cámara Baja: una mayoría de 16 formaciones políticas, casi 200 votos, se pronunciaron a favor de su derogación, la que ya es primera gran derrota en el Congreso.
El texto proponía un mecanismo voluntario de acceso a los remanentes que los ayuntamientos han ido acumulando durante los últimos años y que no han podido ni siquiera tocar para evitar incurrir en déficit, pues lo impiden la Constitución y la ley de estabilidad presupuestaria.
Para movilizar ese dinero, el Gobierno ponía a disposición de las entidades locales un fondo de 5.000 millones, aunque con un criterio de reparto tremendamente discutido.
Una mayoría de alcaldes, entre ellos los de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, aunque sin obviar Bilbao, que gobierna el PNV; Lleida, que rige ERC; Reus (Tarragona), de JxCat; o Cádiz, de Podemos, habían denunciado en varias ocasiones, antes del debate de este jueves, que el decreto no les gustaba nada.
Estrella Digital