En un tiempo en el que se demanda de una manera muy especial estabilidad institucional para afrontar de forma cooperativa y constructiva la salida de una crisis sanitaria sin precedentes, se están recrudeciendo incomprensible e injustamente los ataques a la Corona, en el cuerpo de Felipe VI. Pero lo grave ya no es que se haya disparado esta suerte de moda por parte de una minoría radical o antisistema. Lo altamente preocupante es que los vectores de esta agresión partan del mismo gobierno de España, a través de su vicepresidente o de ministros como Garzón y, peor aún, que no haya por parte del presidente enmienda o freno.
Es inaudito que el titular de la cartera de Justicia haya justificado el veto a la presencia del Jefe del Estado en Cataluña apelando a que así es mejor para la “convivencia”; o a que la fecha de los actos radicales e ilícitos del 1-O esté muy próxima en el calendario; no digamos que haya anticipado lo que ha terminado siendo la inhabilitación del presidente Torra, en actitud invariablemente desafiante y cómodo en su estructural desacato.
España se dotó de una Monarquía Parlamentaria en el 78 no como arquitectura en la que el Rey iba a jugar el papel de mero decorado, a situarse como figura estética o como elemento ornamental; ni tampoco en la que se viese obligado o con competencias para descender diariamente al barrizal de la política, quedando salpicado por el barro partidista.
El ámbito de actuación del Monarca, sus competencias y su utilidad están perfectamente tasadas en la Constitución. Los españoles tenemos derecho a que su figura, que encarna la unidad de la nación, no sea constantemente denigrada, menospreciada o infundadamente atacada con ostentoso afán destructivo. Y, por consiguiente, estamos más autorizados que nunca a exigir al poder ejecutivo protección. Lo contrario a la dejación, al abandono o a la complicidad que tristemente está mostrando con aquellos que pretenden convertir en deporte nacional el pim-pam-pum contra su figura y cuanto representa.
Editorial Estrella