El juez considera en el auto, al que ha tenido acceso EFE, que «todas las aportaciones económicas del Consell a la Fundación V Encuentro de las Familias -organizadora de la visita- se adoptaron con los informes favorables de la Intervención y de la Abogacía de la Generalitat, y fueron fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas con la debida publicidad y sin que se hubiera observado irregularidad alguna».
Añade asimismo que «de las diligencias practicadas durante la instrucción no se desprende elemento alguno que permita sostener que en los acuerdos adoptados por el Consell en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de la normativa reguladora».
La causa, abierta en julio de 2016 por prevaricación, malversación y fraude funcionarial, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Este juez se inhibió en favor de los juzgados de Valencia en relación con una pieza que ampliaba la investigación sobre las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción en marzo de 2014.
En ella se investigan si las adjudicaciones de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 se hicieron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.
Además de Camps, constaban como investigados en la misma el expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino –fallecido el pasado 13 de abril-, la que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Henar Molinero, el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero y el secretario personal del cardenal Agustín García-Gasco, Antonio Corbí.
También lo estaban el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas y exmiembro del patronato de la citada fundación, Enrique Pérez Boada, y el representante legal de la Fundación, Francisco Javier Jiménez.
El fiscal sostenía que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) debió haber respetado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en sus contrataciones, atendiendo al hecho de que tres cuartas partes de los fondos que integraban la dotación fundacional (además de otras aportaciones del Consell) fueron públicos.
Sin embargo, el juez hace referencia en su escrito a que la naturaleza de la fundación, de acuerdo a su escritura, es privada y que «el solo hecho de que las tres cuartas partes de la dotación fundacional provinieran de organismos públicos no convertía esta Fundación en pública».
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