Una ponencia que se ha constituido en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado y a la que han asistido los presidentes autonómicos de Canarias, Baleares y de las dos ciudades autónomas.
El problema de la inmigración ha centrado completamente la intervención del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha reclamado un pacto de Estado para afrontar este problema y ha apelado a la «corresponsabilidad» de todos, incluidas las comunidades autónomas, y, por supuesto, de la Unión Europea.
Si bien ha valorado que haya habido seis comunidades que hayan aceptado repartirse 120 menores no acompañados llegados a sus costas, lo ve claramente insuficiente puesto que en estos momentos se encuentran en las islas 2.600, el 25 % del total en España, según ha dicho.
Al impacto del covid en la economía canaria, muy dependiente del turismo, se le ha sumado los efectos que tiene la inmigración, ha señalado Torres, que ha pedido también la prórroga de los ERTE «todo el tiempo que sea necesario», un reparto «justo» de los fondos europeos y «una sensibilidad especial» por parte del Gobierno hacia las comunidades más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.
En un sentido muy parecido ha hablado la presidenta de Baleares, Francine Armengol, quien más en lo concreto ha solicitado que el presupuesto para bonificar los viajes de residentes en las islas y que no se han gastado por las restricciones a los viajes, se empleen en impulsar el turismo en Baleares y Canarias.
Armengol ha defendido que el turismo sea abordado «como un problema de Estado» y que reciba ayudas directas apuntando que hay una propuesta del Ejecutivo para inyectar cien millones de euros de manera directa en Baleares.
También que el reparto de los fondos europeos sea proporcional, en función de los que más han sufrido la caída del PIB.
Otra de las cosas que ha pedido al Gobierno es que «acelere» el proceso para aprobar las condiciones fiscales específicas del archipiélago, ya que, según ha dicho, es el único territorio extrapeninsular que aún no lo tiene aprobado.
Los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Eduardo de Castro, comparten los problemas derivados de la inmigración y del cierre comercial decretado por Marruecos, lo que unido a los efectos de la pandemia, han supuesto un lastre importante para su desarrollo económico, según han puesto de relieve en la reunión.
Juan Jesús Vivas ha hecho más hincapié en exigir una mayor presencia del Estado en Ceuta, en materia de seguridad, justicia, educación y sanidad y que las ayudas que recibe la ciudad autónoma a través de los Presupuestos se garanticen por ley.
Mientras, Eduardo de Castro ha insistido más en entrar en la unión aduanera con Europa para compensar la situación de zona periférica, crear una zona especial de baja tributación, como en Canarias, y adoptar un modelo económico de ciudades servicio-digitales.
P.S.L.