El Ministerio del Interior ha justificado la repatriación de los menas (menores no acompañados) a Marruecos ante la «situación excepcional» en Ceuta tras la entrada de 1.097 menores a la ciudad autónoma y que, jurídicamente, ampara el acuerdo con Marruecos, con cuyas autoridades se reunió hace días para ejecutar el retorno.
La Abogacía del Estado ha remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, a fin de resolver sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la suspensión cautelar de las repatriaciones que acordó el 16 de agosto y que el juzgado revisará nuevamente el próximo martes, según ha podido saber Efe.
En su escrito, la Abogacía hace hincapié en la «conocida situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria» que ha causado la entrada masiva de emigrantes que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo, de los cuales 1.097 eran menores.
Y destaca que «la aplicación efectiva» del acuerdo hispano marroquí «constituye un elemento importante para atender a esta situación excepcional», que se ejecuta bajo el paraguas del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Dicho artículo dice que «el Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados».
España y Marruecos mantuvieron una reunión el pasado de 11 de agosto para ejecutar las repatriaciones en la que se dispuso que, en base al acuerdo bilateral, el Gobierno de Ceuta elaborase unos listados de grupos de menores, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada uno, que se remitían para su ejecución a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a través del traslado a efectuar por la Policía Nacional.
Mientras que Marruecos se comprometió a velar por los intereses de los menores y a garantizar sus derechos hasta que fueran entregados a sus padres lo antes posible, y en el caso de no existir padres a hacerse cargo de ellos.
Por otra parte, este viernes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido, como ha explicado Interior desde el inicio de la polémica, que la iniciativa de activar el acuerdo con Marruecos para los retornos «partió de la ciudad» y que «el Ministerio del Interior hizo las gestiones con Marruecos» para que así fuera.
En una entrevista en la SER, Vivas ha dejado claro que no considera que se esté intentando trasladar la responsabilidad al Gobierno de la ciudad por parte del Ministerio del Interior, pues todas las decisiones en torno al traslado de los menores al país vecino son «conjuntas y coordinadas», «desde el primer momento», con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Aunque sostiene que se está actuando «de manera correcta», ha señalado que si finalmente la justicia decide «que no se está haciendo de manera adecuada, es cuestión de analizar qué solución se adopta, pero tiene que ser inmediata».
Lo que Vivas no ve factible es proceder a los retornos aplicando el Reglamento de la Ley de Extranjería, ya que considera que el procedimiento que establece «es tan complejo, es tan arduo, es tan dilatado que en ningún caso puede aplicarse a una situación excepcional como la que está viviendo Ceuta».
Mientras, la Fiscalía de Menores de Ceuta ha solicitado a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad autónoma que mantenga la suspensión del proceso de repatriación de los menores extranjeros no acompañados a Marruecos.
Una postura que fuentes de esta fiscalía insisten a Efe que ha sido la misma desde el principio, ya que no se ha aportado expediente alguno de los menores repatriados.
Esta crítica es que también han sostenido desde el inicio de la crisis diferentes ONG y colectivos sociales. Las últimas sumarse al rechazo de los retornos han sido este viernes una treintena de organizaciones en defensa de los derechos del los migrantes y entidades antirracistas.
Estos organismos, entre los que se encuentran la Asociación de Trabajadores inmigrantes Marroquíes (ATIM), el Comité de emergencia antirracista y el Sindicato de Manteros de Madrid, tachan de «vergonzosas» las «deportaciones» ejecutadas y acusan a Marlaska, al que piden que dimita, y a las autoridades ceutíes de vulnerar los derechos de la infancia.
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