A falta de la votación final, la fijación de posturas de los portavoces durante el pleno de este martes en la cámara baja conduce a pensar que la iniciativa del grupo de Santiago Abascal no saldrá adelante, dado que sólo han anunciado su respaldo el PP, Ciudadanos y Foro Asturias.
El resto han criticado la propuesta, como ya hicieron hace unos meses cuando se volvió a poner encima de la mesa este debate, y han cargado duramente contra Vox por generar «alarma social» entre la ciudadanía, «cueste lo que cueste», en palabras del diputado socialista Vicent Sarriá.
Vox proponía, entre otras cuestiones, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, ante un delito de usurpación, las Fuerzas de Seguridad puedan «irrumpir en espacios cerrados», incluidos domicilios, sin necesidad de orden judicial y desalojar a los ocupantes e incluso «detenerlos de manera cautelar» si hay indicios de delito.
Una propuesta que algunos grupos han tachado de «desproporcionada», mientras varios portavoces de la izquierda han aprovechado para subrayar el problema de vivienda que existe, con expresas menciones a los fondos buitre y los grandes tenedores.
Todo ello entre acusaciones a Vox por redundar en el «falso problema» o el «fantasma eterno» de la okupación, como ha subrayado la CUP y Bildu; por «alimentarse del miedo» presentando un «escenario delirante que no se corresponde en nada con la realidad», según Podemos; y por «alarmar a la ciudadanía de que sus viviendas corren peligro de okupación», de acuerdo al PNV.
Antes de eso, la encargada de defender la iniciativa, Cristina Esteban Calonge, se ha referido a España como «el paraíso de la okupación», un fenómeno alentado, ha dicho, por el Gobierno, a quien ha acusado de «desidia» y de no defender los derechos de los propietarios.
Preocupación que PP y Ciudadanos también han dicho compartir aunque el segundo, de boca de su portavoz, Edmundo Bal, ha tachado de «salvajada jurídica» parte de la propuesta de Vox dado que la Policía sólo puede entrar en un domicilio con una orden judicial o en caso de flagrante delito, mientras que el partido de Pablo Casado ha considerado la iniciativa «insuficiente y muy mejorable». EFE
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