En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que registran la petición de comparecencia al apreciar una «utilización de modo partidista» de la Abogacía del Estado por parte de un Gobierno que «parece haber hecho más por que (Puigdemont) no viniera que por que un prófugo se siente ante la Justicia».
Gamarra cree que caben «muchas explicaciones que dar» por Llop, pues el Gobierno tendría que «ponerse detrás del Tribunal Supremo» en su petición de extradición, pero en vez de eso ha hecho «el trabajo sucio» con sus instrucciones a la Abogacía.
Con la portavoz del PP ha coincidido el de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha pedido al Gobierno «lealtad» con el poder judicial y que haga lo posible por la extradición.
«Porque no parece que lo esté haciendo», ha opinado Bal, dado el «uso político y partidista» que también observa de la Abogacía del Estado.
Bal, quien es abogado del Estado, ha asegurado que él no hubiera firmado un escrito como el presentado en este caso, y ha añadido: «A lo mejor me hubieran cesado otra vez».
Más allá ha ido el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pues ha propuesto que España revise cómo aplica las euroórdenes de países que, a su juicio, no cumplen con la reciprocidad.
Espinosa también ha asegurado que los equipos jurídicos de Vox continuarán trabajando por la extradición, por lo que se han desplazado a Cerdeña y «no cejarán en su empeño» igualmente en otros países europeos por los que Puigdemont «circula con demasiada normalidad».
Bien contraria ha sido la opinión de la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, quien ha considerado que el juez Pablo Llarena debería ser «más precavido y dejar de hacer el ridículo» como «ariete del Gobierno».
También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado que el Supremo «hace el ridículo», tras recordar que la justicia alemana, belga, suiza y británica decidieron lo mismo que la italiana.
Asimismo, ha indicado que cualquier jurista, incluso de derechas, «si se quita las gafas patrióticas», puede entender que sea puesto en libertad, ya que es alguien «perfectamente localizado» como eurodiputado que es, y aboga por «aislar» la mesa de negociación entre los gobiernos español y catalán «de todo lo demás».
Al igual que otros portavoces, Ferran Bel (PDECat) ha dicho que ve «incomprensible» que Llarena «insista en lo que sabe que no puede insistir», pues si hay un procedimiento abierto en la justicia europea, hasta que no se resuelva, Puigdemont mantiene inmunidad como miembro del Europarlamento.
Bel está «satisfecho» de que Puigdemont mantenga su agenda como eurodiputado y ve un «desprestigio de una parte de la justicia española, que se está desacreditando», al estar «quedando claro que el Supremo cada vez se está quedando más solo en este aspecto, incluso en las instancias judiciales españolas».
Para el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que la justicia italiana no haya dictado medidas cautelares «debería hacer reflexionar» a la española, al ocurrir así «reiteradamente» en otros países europeos. EFE
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