La ley audiovisual se ha convertido en un arma arrojadiza y en un punto de fricción para todos los partidos políticos en la negociación de los Presupuestos de 2022, ya que, mientras los catalanes y nacionalistas exigen más financiación y que se amplíe el porcentaje de contenido en lenguas cooficiales en las productoras, el PP, Vox y Cs acusan al Ejecutivo de jugar con la ley más importante del año, la de los Presupuestos.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 cuenta, de momento, con cuatro enmiendas a la totalidad, las del PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, a las que se podría sumar con mucha probabilidad la de la CUP, después de que esta formación avisara hace días de que sin autodeterminación para Cataluña no apoyaría los presupuestos.
El plazo para registrar enmiendas de devolución finaliza mañana a las 14,00 horas, y la tensión se acrecienta de cara a lo que harán también los socios parlamentarios de Sánchez, el PNV y ERC, que han puesto a la ley audiovisual como una de las condiciones y han advertido de que ya tienen redactados sus vetos.
ERC es el que más está tensando la cuerda, ya que, tal como dijo su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, están haciendo «sudar su voto» al Gobierno para conseguir que no decaigan los Presupuestos la próxima semana.
Fuentes de esta formación subrayan a EFE que a día de hoy no hay avances y siguen los contactos. Sobre la mesa está la propuesta de proteger el catalán y el resto de idiomas cooficiales, estableciendo a plataformas como Netflix o HBO cupos mínimos del 7,5 por ciento de contenidos en estos idiomas.
Un requisito insuficiente para JxCAT, formación que también está sopesando su enmienda a la totalidad, que no descarta anunciar mañana.
Fuentes de este partido en el Congreso señalan que ese porcentaje es «lo mínimo» y ponen el acento en distinguir lo que es una productora audiovisual independiente de lo que es una filial o empresa que trabaja para una gran plataforma, ya que las subvenciones deberían ir dirigidas a las primeras y no tanto a las grandes productoras.
También inciden en que el PNV está muy preocupado por esta ley, que a su vez afecta también a otros socios parlamentarios como EH Bildu o BNG, aunque ambas formaciones no han amagado con vetar los presupuestos y, mientras los vascos no han puesto líneas rojas, los gallegos han dejado claro que negociarán durante el trámite de enmiendas parciales.
Un trámite que sólo podrá empezar si la próxima semana se rechazan en el pleno las enmiendas a la totalidad.
El PP, Vox y Ciudadanos lamentan que el Ejecutivo negocie con «separatistas e independentistas» unas cuentas que son las más importantes del año y que cedan ante reclamos como transferencias al País Vasco o en temas lingüísticos, que en su opinión solo favorecen la desigualdad en los territorios.
La formación naranja ya ha registrado este jueves su enmienda a la totalidad, y su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, cree que cambiar la ley audiovisual o presos por presupuestos es «humillar a España».
«Y ya veremos qué hace Calviño cuando tenga que firmar la derogación de la reforma laboral que pide Bildu», ha puntualizado tras la última polémica entre los socios del Gobierno de coalición para ver quién coordina o lidera la negociación laboral.
Un enfrentamiento interno que tampoco ayuda en la negociación presupuestaria con los socios que apoyaron la investidura en el Congreso, y al que ahora asomaría otro escollo en la tramitación del proyecto de ley sobre las pensiones, toda vez que fuentes parlamentarias han señalado a EFE que PSOE y Unidas Podemos no se han puesto de acuerdo en pactar las enmiendas parciales y cada formación las presentará por separado.
Y es que las pensiones han sido siempre otro frente de batalla polémico entre socialistas y morados, que apoyan desde mucho antes de entrar en el Gobierno las peticiones de las plataformas de pensionistas en contra por ejemplo del alargamiento de la edad de jubilación legal.
«Son cesiones soterradas a los populistas y separatistas por cuestiones diferentes a los presupuestos», ha señalado Bal.
Por su parte, PP y Vox ven los presupuestos irreales tanto en la recaudación de ingresos como en la previsión de crecimiento económico y coinciden en que las cuentas «no cuadran».
En la misma línea, Foro Asturias se ha sumado a vetar los presupuestos al ver a un Gobierno «instalado en la inconstitucionalidad, desafiante con otros poderes del Estado y que genera desigualdades territoriales».
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha señalado a EFE que todo son «cesiones y concesiones a los separatistas» y que mañana irán a registrar su veto.
Unas horas que también le quedan a Coalición Canaria para decidirse si presenta o no enmienda a la totalidad después de que haya puesto como condiciones cumplir con el Régimen Económico Fiscal Canario en materia de convenios de carreteras, infraestructuras educativas y transporte para el plátano y más ayudas plurianuales para reconstruir la isla de La Palma.
Ruth del Moral