La enmienda da una alternativa a la propuesta de ERC y otras fuerzas de izquierda que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento para derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía con el propósito de evitar la «impunidad» sobre los «crímenes de lesa humanidad» cometidos durante la dictadura franquista.
Su opción consiste, en vez de derogar esta norma clave en el período de la Transición democrática, en marcar una senda para sortearla mediante una amplia interpretación de la aplicación del derecho internacional y humanitario en España.
En concreto, plantean que «todas las leyes» españolas, incluida la Ley de Amnistía «se interpretarán y aplicarán» conforme al derecho internacional y humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles (sic) y no amnistiables».
De las 30 modificaciones registradas conjuntamente, y que necesitan recabar el apoyo de otros grupos para salir adelante en la Comisión Constitucional del Congreso, esta es la de mayor alcance y con mayor relevancia jurídica, pero hay otras significativas con muchas posibilidades de lograr luz verde.
Una de ellas es la propuesta para cambiar el nombre del Valle de los Caídos al de Valle de Cuelgamuros para quitarle así las connotaciones ligadas al franquismo, exhumados ya del enclave los restos de Francisco Franco.
En sus enmiendas presentadas por separado, ERC y JxCAT también han propuesto el mismo cambio en la denominación del recinto, donde yacen los restos de 33.800 combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil, y cuya completa «resignificación» aborda el proyecto.
Ha sido el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago el encargado de anunciar el acuerdo con los socialistas, que incluye ampliar hasta 1982, ya entrada la Transición, el censo de víctimas del franquismo recogido en la norma para reconocer casos de colectivos o familias con muertes consecuencia de la represión.
Algo que coincide con otro planteamiento incluido en su paquete de enmiendas parciales por EH-Bildu, formación que ha admitido que el cambio propuesto socialistas y UP sobre la Ley de Amnistía «mejora» el texto remitido por el Gobierno y supone un «claro» mensaje a la judicatura.
Por su parte, Enrique Santiago ha recalcado que no se trata de derogar la Ley de Amnistía, sino de una interpretación de aquella norma, y aunque ha reconocido el «alcance reducido» de la medida, la ha justificado bajo el fin de conocer la «verdad judicial».
También se admite la posibilidad de resarcir económicamente a las víctimas del franquismo y sus descendientes, pero no con una cantidad fija como propuso ERC en el texto alternativo que acompañó a su enmienda de totalidad rechazada por el pleno del Congreso, sino con una regulación posterior «en los términos que se establezcan».
JxCat, en sus enmiendas, pide pagar 60.000 euros a los herederos de estas víctimas si no tienen pensión o indemnización, y también compensar económicamente a los gobiernos catalán, valenciano y vasco por los «prejuicios» causados por el franquismo.
Otro ámbito de preocupación de los socios de Gobierno es el acceso «libre, gratuito y universal» a los archivos privados con documentos históricos sobre la Guerra Civil y la dictadura, lo que podría afectar a la Fundación Francisco Franco, que custodia numerosa documentación sobre esta etapa.
Y en cuanto al fiscal de sala cuya creación ya figura en el proyecto, proponen fijar sus funciones en el impulso de la búsqueda de víctimas, dentro de una investigación de hechos que supongan «violaciones del derecho internacional» y humanitario, incluyendo el golpe de 1936, la posterior guerra y la dictadura.
Entre las enmiendas de otros grupos, ERC mantiene las exigencias que planteó desde que se comentó a tramitar la ley, como la declaración de ilegalidad del régimen franquista, de sus tribunales represores y de las sentencias que dictaron.
Su portavoz, Gabriel Rufián, ha acusado al Gobierno de incurrir en contradicciones en sus enmiendas a favor de la reparación patrimonial y económica de las víctimas y ha advertido de que la única vía para lograrlo y también para juzgar los delitos franquistas es cambiar la ley de Amnistía; «y lo otro es engañar a la gente», ha zanjado.
EH-Bildu insiste, por su parte, en derogar también la Ley de Amnistía de modo que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad y cambiar la exposición de motivos de la ley de memoria democrática para hacer patente que la consolidación de la democracia es un «objetivo inacabado».
Además, para esta formación, el 18 de julio debería ser declarado Día de condena del golpe fascista, para homenajear así a todas las víctimas. EFE
A.M.