En la exposición de motivos de la proposición no de ley, señalan que «determinadas autoridades regionales» usan la lengua «como elemento de división y enfrentamiento” e intentan «arrinconar la riqueza lingüística» de España así como perjudicar a los castellano-hablantes.
Afirman que son convertidos en españoles de segunda e instados por los poderes públicos que deben garantizar su derecho a acudir a centros privados para recibir enseñanza en la lengua común, lo que afecta también a los inmigrantes, «siendo un impedimento más para su integración».
Vox advierte que en Cataluña se practica «una absoluta imposición lingüística» basada en la «deslealtad institucional por parte de las autoridades regionales, que incumplen su mandato constitucional», así como «la existencia de un lobby de la lengua fuertemente subvencionado y que sigue instrucciones netamente políticas o la promoción en exclusiva de la cultura en lengua regional».
Por todo ello y ante tales comportamientos que «atentan gravemente contra el interés general de la nación de forma extremadamente cualificada», VOX indica que han de ser perseguidos con la herramienta recogida en la Constitución: la aplicación del artículo 155.
A su juicio, las continuas cesiones y transferencias económicas o competenciales a poderes regionales, «que luego se revelarían desleales con el Estado, ha determinado que el español esté perseguido en buena parte de España, y que muchas generaciones de nuevos españoles no lo conozcan de una manera adecuada» y piden que la lengua no sea utilizada como «arma política» y factor de «exclusión y marginación».
Por todo ello, Vox insta al Gobierno a que proceda a la intervención de la administración autonómica catalana para «asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro» de los preceptos y principios constitucionales que «están siendo objeto de sistemática infracción» por parte del gobierno de Cataluña, «reconduciendo la situación en favor del interés general de la nación y de todos sus ciudadanos».
Apuesta por asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las comunidades y establecer un régimen sancionador para todos los particulares, de forma individual o colectiva, o poderes públicos que obstaculicen o impidan el uso de la lengua oficial. EFE
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