Convivencia Cívica Catalana (CCC) y Hablamos Español han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el acuerdo del Govern para asistir con todos los medios jurídicos a su alcance a los docentes de los centros educativos catalanes que preserven el modelo de inmersión lingüística en catalán.
En un comunicado, ambas entidades favorables al bilingüismo en las escuelas catalanas informan de que la interposición del recurso obedece a que el acuerdo «fomenta el incumplimiento de las sentencias» del Tribunal Supremo y del TSJC en materia de lengua en la enseñanza en Cataluña.
También entienden que el mismo acuerdo «ampara conductas manifiestamente ilegales y amenaza a las entidades que defienden el bilingüismo, utilizando la administración autonómica para fines particulares de ERC y lejos de la imparcialidad que se exige a la administración pública en un Estado de derecho».
Estiman las entidades que el acuerdo es «nulo de pleno derecho» porque se dicta «para incumplir una sentencia firme (se proporciona asistencia jurídica gratuita a los profesores y directores que incumplan la sentencia del TSJC en materia de lengua en la enseñanza) y se acuerda destinar dinero público para fines particulares».
Convivencia Cívica y Hablamos Español consideran «gravísimo» que se utilice la administración de la Generalitat y sus recursos para «amenazar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo» y para «pagar la defensa de aquellos que decidan incumplir sentencias firmes, siendo esto un grave ataque contra el Estado de derecho».
Por ello, solicitan al TSJC que declare la nulidad del acuerdo y advierten de que el recurso es un «paso previo» a exigir «responsabilidades penales si se destina dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que defendemos los derechos de los castellano-hablantes en Cataluña».
En palabras de Ángel Escolano, presidente de CCC, “el Gobierno de la Generalitat está entrando en una espiral totalitaria cada vez más preocupante».
«Parece que se piensen -ha añadido- que la administración autonómica es un chiringuito a su disposición del que pueden disponer para sus fines particulares y políticos obviando que, en un Estado democrático y de derecho, tienen obligación de actuar con imparcialidad y de fomentar el cumplimiento de las sentencias judiciales, no lo contrario”.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán del pasado día 4, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció que el Gobierno catalán «protegerá» con todos los medios jurídicos a su alcance a los docentes y al resto de personal de los centros educativos catalanes que preserven el modelo de inmersión lingüística frente a eventuales «ataques ilegítimos».
La portavoz indicó que los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat ya estaban a disposición de estos trabajadores, pero precisó que el president, Pere Aragonès, quería «institucionalizar» su compromiso respecto a los docentes y a la escuela catalana dándole forma de acuerdo gubernamental.
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