En un comunicado recuerda que es la segunda vez que se dirige a las Cortes para impulsar este cambio.
El acuerdo ha sido adoptado tras la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores resultantes de la fiscalización de las elecciones de mayo de 2019, que dieron lugar a «la imposición de sanciones de muy elevada cuantía».
Además, apreció entonces «una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta» en aplicación del régimen sancionador vigente.
Precisa que la legislación establece umbrales mínimos para las cuantías de las multas a imponer por las infracciones muy graves, graves y leves, que ascienden a 50.000, 25.000 y 5.000 euros, respectivamente.
Para el Tribunal, la desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta especialmente grave en el caso de pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local, para las que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido e impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes.
Por estos motivos, el Tribunal de Cuentas ha dado traslado de este acuerdo a las Cortes Generales, solicitando una modificación legislativa al respecto que pudiera entrar en vigor con anterioridad a la fecha en la que, de acuerdo con la normativa electoral aplicable, tenga lugar la convocatoria de las elecciones municipales que se celebrarán el día 28 de mayo de 2023. EFE
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