domingo, noviembre 17, 2024
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Madrid ve «parcial y arbitraria» la propuesta de financiación autonómica

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La Comunidad de Madrid considera que el nuevo cálculo de la población ajustada propuesto por Hacienda incluye novedades relacionadas con la despoblación y la dispersión poblacional «que benefician especialmente a algunas comunidades autónomas».

Por ello ha pedido «que se tenga en cuenta también la concentración de la población», señala el Ejecutivo regional en un comunicado.

La población ajustada es una de las variables esenciales del modelo de financiación y determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales.

Además, la Comunidad de Madrid pone el acento en la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto, que no se ha tenido en cuenta en el nuevo cálculo, para que la necesidad de financiación se ajuste al gasto efectivo de los servicios.

Por otra parte, se propone incluir también en el cálculo aspectos relacionados con nivel de precios en cada comunidad autónoma, ya que al no ser homogéneo, afecta igualmente a la necesidad de financiación de cada región.

En cuanto a la nueva propuesta para realizar el cálculo en materia de educación en base a la población “potencial”, la Comunidad muestra su disconformidad y propone tomar la población “real”, es decir, la matriculada, que a su juicio es «la que da una visión real del gasto necesario en este ámbito».

En materia de sanidad, la Comunidad entiende que se debería de tomar en cuenta el gasto producido por pacientes de otras regiones que son atendidos en Madrid por diferentes motivos.

Madrid recalca en su comunicado que es «la región más perjudicada» por el actual método de cálculo de población ajustada, pues en 2019 la diferencia entre esta y la población real de Madrid superaba el 3 %, lo que supone «una pérdida de financiación de más de 200.000 habitantes».

«Siendo la región con mayor capacidad tributaria per cápita, acaba situándose en el duodécimo puesto en cuanto a financiación por habitante», protesta el Gobierno autonómico. EFE

 

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