El PP y el PSOE se han enzarzado en un duro enfrentamiento a cuenta de la votación del decreto de la reforma laboral y mientras los socialistas ven connivencia de la derecha con los dos diputados de UPN que cambiaron el sentido del voto para hacer decaer la norma, los populares insisten en que ha habido «pucherazo» en el Parlamento.
El error del diputado del PP Alberto Casero, que este viernes ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso reiterando que su voto fue un ‘no’, ha levantado en armas al Ejecutivo y a la plana mayor del PP. Los barones han salido en tromba para asegurar que fue un «fraude» y que el Ejecutivo «manipula» la democracia.
«Es un fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo parlamentario», ha asegurado el líder del PP, Pablo Casado, horas antes de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le haya acusado de utilizar «todo tipo de artes» para tumbar la reforma laboral con dos «tránsfugas».
«Es un caso de transfuguismo de libro», ha criticado Bolaños al recordar que los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votaron en contra de la directriz de su partido y «mintieron» durante todo el día de ayer.
«Yo lo que digo es que en el mismo segundo que se hizo público el resultado, los diputados del PP y Vox aplaudían enfervorizados mirando a los diputados de UPN», ha dicho en declaraciones a la Sexta dejando entrever que podría haber habido un pacto de la derecha con estos parlamentarios.
Dos diputados cuya dirección en Navarra ya les ha pedido el acta porque «no representan a UPN y no pueden seguir» en el partido, aunque en declaraciones a Efe Sergio Sayas ha avisado de que no dejará el escaño porque hizo lo que «la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos».
«Cesiones internas», considera el ala socialista del Gobierno que reprocha la poca seriedad de los dos parlamentarios que faltaron a su palabra, mientras la parte de Podemos guarda silencio.
Las críticas del Gobierno y de los socialistas van más allá de este caso y consideran que el PP y Vox han querido dar un «golpe» contra el interés general de España, de los trabajadores y de las empresas.
«Ayer ellos después de utilizar todo el tipo de artes no consiguieron una derrota y hoy están intentando retorcer el reglamento», se refiere Bolaños al PP, que hoy ha dicho que al margen de que fuera un error técnico o humano, la presidenta del Congreso «ha quebrantado el derecho a voto».
Los populares se agarran a la resolución que aprobó el Congreso en 2012 al señalar que el diputado no recibió ninguna llamada para confirmar su voto y que se dirigió a la Mesa de la Cámara cuando se percató de que había un error para que se reuniera, algo que no ocurrió.
El PP ha presentado hasta tres escritos a la Mesa, el del propio afectado, Alberto Casero, que reitera que fue un error informático, otro que pide la convocatoria urgente de la Mesa y un tercero que reclama que no se publique todavía la votación del pleno.
No obstante, avisan de que llegarán hasta el Tribunal Constitucional.
Líderes del partido, como el alcalde de Madrid, José Luis Martíntez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Feijóo, han hablado de «fraude democrático», «manipulación» y se han preguntado qué hubiera pasado si el que voto errado hubiera provenido de EH Bildu.
Los socialistas han sacado también toda su artillería, y mientras la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado al PP de «comprar» las «voluntades» de los dos diputados de UPN, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ve al PP «a la altura de su país». Otros dirigentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ven «chusca» y «gravísima» la actuación del PP.
«Y este señor se equivoca tres veces en las votaciones de ayer que fueron una docena. O igual no se equivocó», dudaba también el ministro Bolaños.
Los populares vuelven con reproches a Batet por querer «aplastar los derechos políticos de un diputado, la voluntad del Parlamento» y actuar como «comisaria socialista». Podría haber prevaricado, avisa Casado.
Todo esto mientras Ciudadanos intenta poner paz y pide que se aclare lo que pasó con «con criterios jurídicos y no políticos».
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