La mayoría de partidos consultados por EFE coinciden en que el Reglamento nacido en 1982 debería adaptarse a los nuevos tiempos pero todos creen que debe hacerse con consenso y nunca «en caliente».
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, señaló recientemente que su reforma «sobrevuela siempre» para hacerlo «más acorde con los tiempos» pero el debate cobra hoy fuerza después de que la pandemia haya evidenciado la importancia del uso de las tecnologías en el Congreso.
Casi todos los partidos ven conveniente clarificar o regular aspectos como el voto a distancia o las reuniones telemáticas, generalizadas por el coronavirus.
«Hay que quitar ambigüedades y optar a una mayor digitalización», incide la portavoz de JxCAT, Miriam Nogueras, a EFE.
Otras formaciones como el PNV apuestan incluso por incorporar en el Reglamento un apartado sobre el funcionamiento de la Cámara en situación de excepcionalidad «donde se establecerían unas normas mínimas, que servirían como guía», señalan.
Ciudadanos o el PSOE tampoco ven mal ampliar los supuestos del voto por internet cuando los diputados están en misión internacional o los ministros están fuera, mientras que el BNG deja claro que el voto telemático actual ofrece suficientes garantías tal y como está.
«Cualquier modificación reglamentaria tiene que reforzar la idea de cumplir con el artículo 23 de la Constitución» inciden desde el PP, que recuerdan que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
La diputada popular Isabel Borrego señala a EFE que el Reglamento «no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir el mandato de los ciudadanos».
Vox, sin embargo no ve urgente reformar nada de la norma y menos en esta legislatura con un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.
«Cada vez que PSOE y Podemos abren alguna norma para modificarla la plagan de sus dogmas climáticos, de género o sus sesgos liberticidas…Así que una reforma liderada por esos dos partidos no parece que sea oportuna en ningún momento», zanjan.
¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE CREA ESTE REGLAMENTO?
Las bases del actual Reglamento las pusieron las Cortes de 1810, pero la norma no llegó a redactarse hasta que en la II República las Cortes Constituyentes de 1931 elaboraron la Constitución.
Fue entonces cuando surgió la necesidad imperiosa de redactar un Reglamento que ayudara a tramitar y a aprobar un texto constitucional.
Los cronistas de la época señalan que había prisa y que aquella primera norma -debatida y aprobada en tan solo 48 horas- definió el procedimiento de los proyectos y las proposiciones de ley, que serían trascendentales para el nuevo Gobierno y para el país. Además se crearon las comisiones frente a lo que se llamaba «secciones» con el fin de reflejar la proporcionalidad de cada partido.
Este primer reglamento dio paso a otro en 1977; con 7 títulos y 143 artículos hasta que en 1982 se redactó el que rige actualmente y que dispone de 13 títulos y 207 artículos.
«Toda norma tiene que adaptarse a los tiempos y a la realidad del momento y esta no debería ser una excepción. La realidad del Congreso es muy diferente a la de los inicios donde había un sistema bipartidista. Ahora tenemos la mayor diversidad de la historia», afirma el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, a EFE.
Y es que aunque el actual Reglamento cuenta ya con 14 modificaciones parciales también se ha ido creando una jurisprudencia que podría incluirse, señala.
LOS GRANDES DEBATES PENDIENTES
Lo cierto es que mientras los grandes partidos, como PP y PSOE, apuestan por modificaciones para regular los grupos de interés con los que se reúnen los diputados o para mejorar la transparencia de la Cámara, las formaciones más pequeñas se quejan de una norma que por un lado marca límites para constituir un grupo parlamentario y por otro no los pone para evitar que los plazos de enmiendas de una iniciativa se puedan prorrogar semana tras semana indefinidamente.
«Deberían establecerse mecanismos para que la voluntad de la Cámara no se viera impedida con trucos en la tramitación», señala el portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Bal a EFE mientras Joan Baldoví, de Compromís incide en que «no se puede hacer un uso torticero para que al final acabe el periodo de sesiones y decaigan propuestas que han tenido toda la legitimidad para ser discutidas».
En este sentido los populares también creen que es imprescindible «cumplir de forma efectiva los mandatos emanados de la voluntad mayoritaria de la Cámara» y junto con Ciudadanos y Más País abogan por regular sistemáticamente el Debate sobre el Estado de la Nación.
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS PEQUEÑOS
Para dar mayor participación a las minorías, la formación naranja cree que deberían flexibilizarse los requisitos para presentar algunas iniciativas en la Mesa del Congreso -órgano de Gobierno de la Cámara- y no exigir 2 grupos o 70 diputados. También que el orden de las preguntas al Gobierno no fuera de mayor a menor sino por sorteo.
Otras formaciones como el PDeCAT, que tiene 4 diputados y está integrado en el Grupo Plural, apoya modificar las reglas para constituir los grupos parlamentarios ya que ante la proliferación de pequeños partidos «se pueden generar grupos Mixtos con 25 o 30 diputados y esto no es operativo».
De hecho en esta legislatura los grupos pequeños sumaron 22 diputados y partidos como Compromís, Más País, BNG o JxCAT, se unieron para crear un nuevo grupo denominado Plural, frente al grupo Mixto tradicional, integrado por UPN, PRC, CC, Nueva Canaria o la Cup.
«Es evidente que no puede haber un grupo con 20 partidos diferentes porque es casi imposible que cada uno pueda marcar su posición en el pleno», incide Baldoví apoyado por el diputado del BNG Néstor Rego que pide «facilitar la labor y la visibilidad de las fuerzas con menos representación».
Más País abunda en esta idea y pide una nueva regulación de los cupos y tiempos de cada formación y abrir el Parlamento a la sociedad civil.
En sentido contrario Vox no ve sentido a que partidos «que defienden intereses exclusivamente regionales y con porcentajes de voto a nivel nacional absolutamente residuales tengan grupo parlamentario propio: ERC, PNV u otros».
SE BUSCA CONSENSO…
Actualmente están en trámite cuatro iniciativas para cambiar el Reglamento: una del PNV que pide obligar al Gobierno a rendir cuentas habitualmente sobre las iniciativas aprobadas por el Congreso que no tienen rango de ley; dos del PP y del PSOE para regular los grupos de interés, y otra del PDeCAT para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
«Hay que defender la pluralidad lingüística, entendida siempre como un valor y no como una amenaza», incide JxCAT.
Iniciativas más o menos polémicas que requieren de consenso. Y así lo hacen ver casi todos los partidos consultados.
«Hay que tener cierta perspectiva y visión a largo plazo. No se puede legislar en caliente», afirma el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, al tiempo que Asens recalca que cualquier cambio «debe ser por un proceso de reflexión profunda, con mirada larga y no bajo un rifirafe partidista».
En otro sentido, Baldoví si ve el momento oportuno para modificar, por ejemplo, el voto telemático: «Ahora que ha saltado la polémica, clarifiquemos el reglamento y pongámonos de acuerdo». Lo mismo que opina Nogueras.
UN REGLAMENTO CON 14 REFORMAS PARCIALES
No obstante, el actual Reglamento ha sido objeto de 14 reformas parciales, en su mayoría para la creación de comisiones no permanentes, aunque también reguló en 1993 el procedimiento del voto ponderado, en 1994 las primeras comisiones de investigación o en el 2009 sobre las actividades profesionales de los diputados y sus incompatibilidades.
En los últimos años han proliferado las comisiones de investigación y los nacionalistas vascos proponen cambiar su funcionamiento para que los comparecientes, por ejemplo, ocupen un lugar diferenciado en la sala, en tanto que Más País apuesta por una mayor transparencia en las decisiones de la Mesa, que se reúne a puerta cerrada.
¿Y QUÉ OPINAN LOS LETRADOS?
Algunos letrados de las Cortes Generales recuerdan que el Reglamento es una norma que casi tiene fuerza de ley porque solo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y su reforma y aprobación requieren de mayoría absoluta.
Fernando Santaolalla, profesor de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes apuntaba en unas jornadas que esta «fuente jurídica tras estos cuarenta años se presenta con sus luces y sus sombras, como es habitual en toda obra colectiva» y recalcaba que cualquier reforma debe ser ponderada y conducente a implantar procedimientos flexibles y participativos. EFE
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Ruth del Moral / Efe