Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha mostrado su «enérgico rechazo ante la decisión del Gobierno vasco de conceder de manera prematura el paso al tercer grado penitenciario a presos por terrorismo» y ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se cerciore de que no está habiendo fraude de ley ni trato de favor.
Desde la formación regionalista, que apunta que entre esos presos se encuentra «Mikel Arrieta, autor de cuatro asesinatos», se advierte de que, aunque el Gobierno vasco ha afirmado la legalidad del procedimiento, “existen serias dudas de que esto esté siendo realmente así”.
Al respecto, alude al caso de Unai Fano, a quien la Audiencia Nacional había revocado la concesión del tercer grado, al considerar que su carta de arrepentimiento tenía un “propósito utilitarista”, es decir, obtener el tercer grado, así como demostrar una tendencia a minimizar los delitos que había cometido.
“Menos de un mes después, el Gobierno vasco encuentra, en cambio, ‘claras’ sus muestras de empatía hacia las víctimas y le concede el tercer grado”, sostienen los regionalistas.
Además, mencionan un informe de la Guardia Civil «según el cual se habrían producido estrechos contactos entre Instituciones Penitenciarias y el entorno de la izquierda abertzale para tratar el futuro penitenciario de terroristas presos y anticiparles los siguientes movimientos penitenciarios».
Por todo ello pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que «revise detalladamente toda la documentación de la concesión del tercer grado penitenciario a estos terroristas de ETA y se cerciore de que no se está produciendo fraude de ley y un trato de favor a dichos reclusos».
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