Así lo han decidido finalmente los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades en una reunión en la que han establecido que a partir de esa fecha las pruebas diagnósticas se centrarán en personas (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios), así como casos graves, en los que se focalizará a partir de ahora la vigilancia.
La nueva estrategia de seguimiento y control entrara en vigor el próximo lunes siempre y cuando los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel de riesgo bajo, han informado a Efe fuentes de este órgano.
