España deja este lunes de contar todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, una nueva etapa en la que se acabaron el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos, las pruebas generalizadas y los rastreos.
La nueva «Estrategia de vigilancia y control frente a la covid tras la fase aguda de la pandemia» que aprobó el pasado martes la Comisión de Salud Pública supone un paso más hacia la normalización de la covid que implica «aceptar un cierto nivel de transmisión» entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en las personas más frágiles.
En un contexto de alta cobertura vacunal -más del 92 % de los mayores de 12 años con pauta completa- y una elevada inmunidad adquirida tras la sexta ola, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han considerado que era el momento de generar otro tipo de vigilancia que, sin la exhaustividad en la detección de los dos últimos años, permita observar cambios que requieran medidas adicionales «sin saturar el sistema sanitario».
De esta forma, y tras constatar la reducción de la gravedad de la enfermedad para la inmensa mayoría de los contagiados tras la última ola, han centrado esta nueva fase en los ámbitos vulnerables -centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día que prestan asistencia sociosanitaria, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas- y grupos vulnerables -mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas-.
Solo se van a contar los casos y brotes que se den en estas personas y entornos; será en los datos del próximo jueves cuando se refleje esta nueva forma de monitorizar la covid, ya que los que publique mañana el Ministerio de Sanidad serán los consolidados correspondientes a la semana pasada, trasladan a Efe fuentes de este departamento.
Y solo a ellos se les va a hacer a partir de hoy pruebas diagnósticas, que desaparecen también antes de los ingresos hospitalarios, si bien, en cualquier caso, el profesional sanitario podrá indicar la realización de un test bajo criterio clínico.
Todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino «extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas», evitar el contacto con personas vulnerables, asistir a eventos multitudinarios y, «siempre que sea posible», teletrabajar.
No así los empleados de entornos vulnerables o los que asistan a estos colectivos, que no acudirán a su trabajo en los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si no los tiene; al quinto día, y si han desaparecido, se hará una prueba de antígenos que, de ser positiva, se la repetirá cada 24 horas hasta dar negativo.
Asimismo, los hospitalizados deberán estar aislados durante el ingreso hasta obtener una prueba negativa o una PCR positiva compatible con cargas virales bajas, aunque los profesionales podrán adaptar estas recomendaciones tras la valoración de cada situación.
Solo se identificarán a los contactos estrechos de estos grupos y ámbitos vulnerables, a los que se les indicará la realización de una prueba a los 3-5 días del seguimiento; como ya se estableció a principios de marzo, no realizarán cuarentena, aunque deberán extremar las precauciones durante 10 días y minimizar las interacciones.
Todo ello implica además que, como sucede con la gripe, las bajas laborales no se van a dar siguiendo un criterio epidemiológico como en estos dos años, sino bajo criterio clínico.
Esta nueva situación se prolongará hasta que se implante el nuevo sistema centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas antes del primer trimestre de 2023.
Siempre y cuando, deja claro la estrategia, todos los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las comunidades y ciudades autónomas y que los mismos muestren «una tendencia descendente durante al menos dos semanas» en las autonomías necesarias para cubrir al menos al 80 % de la población.
La entrada de España en una nueva era de la pandemia coincide con la llegada de los primeros 11.900 tratamientos de Paxlovid, el antiviral de Pfizer destinado a pacientes con síntomas leves pero que pueden desarrollar covid grave, del que España ha comprado 344.000 dosis para este año.
Se trata así del segundo tratamiento disponible contra la covid en España: en febrero llegaron las primeras dosis de Evusheld de AstraZeneca, que actúa de profilaxis exprés en las personas inmunodeprimidas que, pese a estar vacunadas de la covid, no generan anticuerpos para alcanzar una adecuada defensa frente al coronavirus.
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