La declaración, que no ha contado con el apoyo del PSC-Units ni del resto de grupos, señala que el espionaje político supone «una flagrante vulneración de derechos fundamentales» como «el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones».
Según The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que sólo se puede vender a gobiernos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los expresidentes Artur Mas y Quim Torra y el entorno del expresident Carles Puigdemont, así como la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
El texto aprobado por la Junta recuerda que entre los afectados por el caso están, además de Borràs, los actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Meritxell Serret, además de Albert Batet, Josep Rius, Elsa Artadi, Quim Jubert y Jaume Alonso-Cuevillas de JxCat y de Carles Riera, de la CUP.
El texto también pide al Estado que adopte «medidas urgentes» para erradicar el «espionaje político antidemocrático», que lo investigue, que dé «las explicaciones necesarias» y que «asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes» ante esta «práctica ilegal».
En su declaración, el Parlament también se compromete a «proteger y preservar» los derechos de las víctimas del espionaje «a través de personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas», entre otras medidas. EFE
A.M.