Son 18 nombres. Los espiados por el CNI bajo autorización judicial, todos vinculados al independentismo. El más destacado, el actual presidente de Generalitat, Pere Aragonès, que en el momento del espionaje en 2019 era solo vicepresidente. También está Marcel Mauri, exvicepresidente de Òmnium y mano derecha de Jordi Cuixart al frente de la entidad. El listado incluye a dos presidentes de la ANC: el anterior, Jordi Sànchez, y la actual, Elisenda Paluzie. O el diputado de la CUP Carles Riera.
También hay personas cercanas al expresident Carles Puigdemont, como su abogado, Gonzalo Boye, y el director de su oficina, Josep Alay, aunque no estaba el expresident. La lista la concluían los nombres de Elies Campo, informático y una de las personas que llevaron a cabo la investigación de Citizen Lab, y Josep Maria Matamala, considerado uno de los apoyos de Puigdemont en Bélgica.
La directora del CNI, Paz Esteban, compareció este jueves en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados para mostrar a los diputados que pertenecen a esta comisión la documentación que acreditaba que este espionaje era legítimo y amparado judicialmente por el magistrado del Supremo encargado por ley de los asuntos del CNI, Pablo Lucas. Su exposición se centró en explicar el marco legal y legislativo con el que actúan los servicios secretos.
El problema para el Gobierno es que las explicaciones de Paz Esteban no han calmado los ánimos entre los socios de Sánchez. Y aquí entra en juego la matemática parlamentaria, donde la legislatura se puede complicar para Sánchez sin los votos a favor de ERC. Sus 13 votos, sumado a los cinco de Bildu, son determinantes en la gobernabilidad de un Ejecutivo que les necesita sacar adelante sus medidas en el Congreso.
Porque los nacionalistas abandonaron la comisión sin ver colmadas sus aspiraciones. «Explicaciones insuficientes»; «es necesaria una comisión de investigación»; «se deben depurar responsabilidades». Máxime cuando una de las personas investigadas es Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.
Causalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, coinciden hoy en Barcelona en la XXXVII Reunió Cercle d’Economia en plena polémica sobre este caso de espionaje. Ambos presidentes estarán presentes en el acto de entrega del II Premio Cercle d’Economia a la Construcción Europea a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. No hay previsión de que se reúnan en privado.
Llegados a este punto, la legislatura está en una crisis impredecible. Sin ERC, el Gobierno pierde gran parte de su oxígeno parlamentario. ERC, por su parte, está en una situación incómoda, ya que no puede ignorar todo lo sucedido y que el partido liderado por Junqueras y Aragonès hizo una apuesta arriesgada por una mesa de diálogo que no avanza todo lo que le gustaría a los independentistas.
Incluso las explicaciones y propuestas del Ejecutivo han sido insuficientes para los aliados, incluido sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que se ha posicionado a favor de una comisión de investigación que ahora ven incluso más necesaria que antes de la comparecencia de la responsable del CNI. «Lo que se nos ha contado refuerza la idea de que se asuman responsabilidades políticas», afirmó Pablo Echenique.