Después de que la directora del CNI, Paz Esteban, admitiera en la comisión de secretos oficiales del Congreso que espió con autorización judicial a una veintena de políticos independentistas, entre ellos al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la crisis del caso Pegasus se reaviva en casi todos los frentes de la Cámara.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, preguntará a Sánchez si cree que hay que reforzar las instituciones del Estado y pondrá el acento en las competencias sobre seguridad nacional del Ministerio de la Presidencia.
En las últimas horas las miradas han pasado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ministro de la Presidencia, que precisamente acude el miércoles a la Comisión Constitucional de la Cámara para dar cuenta de la conversación que mantuvo con la consejera de la Presidencia catalana, Laura Vilagrà, en Barcelona, cuando se desveló el espionaje a líderes independentistas.
¿Qué está haciendo el Ministerio de la Presidencia para que los altos cargos del Gobierno sigan los protocolos de seguridad que marca su departamento? preguntará el diputado del PP Carlos Rojas a Bolaños, al tiempo que la todavía portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, querrá saber si Bolaños es el responsable «de velar por la seguridad del teléfono móvil» de Sánchez.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, incidirá con el presidente en si «sus pactos de Gobierno dan estabilidad y garantías para solventar los problemas de los españoles».
Y es que el caso Pegasus, además de empañar la relación del Ejecutivo con los independentistas catalanes y vascos y con socios prioritarios como el PNV, sigue ahondando en la herida abierta con su aliado de coalición, Unidas Podemos, que exige una comisión de investigación y asunción de responsabilidades.
En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, dirigirá su pregunta a Robles con cierta ironía: ¿Está el Gobierno español satisfecho con la actuación de los servicios de inteligencia?
ERC además lleva esta semana al pleno una moción consecuencia de interpelación sobre la calidad democrática del Estado y recordará al Gobierno las recomendaciones de la Resolución 2381 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que insta a reformar los preceptos penales de rebelión y sedición en España y a retirar todos los procesos penales vinculados con el referéndum de 2017.
Los socialistas tendrán que retratarse ante esta iniciativa que podría rebajar la tensión con los republicanos sobre todo después de que el Ejecutivo haya insistido en que quiere seguir en la vía del diálogo con ERC.
Sánchez ratificó el viernes su intención de agotar la legislatura pese a las «turbulencias» y se mostró convencido de que «pasarán».
De momento está pendiente además la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso por la crisis del espionaje.
Por otra parte, en la sesión del miércoles Sánchez también responderá a la pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, sobre un modelo de producción eléctrica sostenible y sin impacto social y ambiental.
De hecho, el BNG fue uno de los partidos que apoyaron el decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania a cambio de que se tramitara como proyecto de ley para que se incluya el procedimiento de exposición pública y alegaciones en los proyectos eólicos, que afectan sobre todo a Galicia.
