El juez de la Audiencia Nacional que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular ha pedido al Banco Santander copia de los análisis de imagen y reputación elaborados por el área de Comunicación de la extinta entidad de los años 2014 a 2017.
En un auto fechado el pasado 21 de abril al que ha tenido acceso Efe, el juez José Luis Calama pide también que se aporte la carta que el que fuera director de Comunicación del Popular, Carlos Balado, envió al secretario del Consejo, Francisco Aparicio, en noviembre de 2016.
Aquella misiva, remitida cuando ya se gestaba el relevo en la presidencia del banco, denunciaría «filtraciones, a los medios, de secretos del Consejo, y la incidencia que tienen o pueden tener en la acción y en la reputación del banco», según sostiene la Asociación Española de Entidades Cotizadas (Aemec).
Aemec, acusación particular que representa a unos 7.000 antiguos accionistas del banco, había pedido al magistrado una serie de diligencias relacionadas con el proceso de elección y la posterior llegada a la presidencia del banco de Emilio Saracho en sustitución de Ángel Ron, algunas de las cuales han sido atendidas por el juez.
Sin embargo, Calama rechaza «requerir a JP Morgan para que remita los términos económicos pactados tras la salida de Saracho, por ser cuestión inane para la investigación», ni los contratos firmados con el Popular durante la presidencia de este.
Tampoco accede a pedir a la empresa de cazatalentos Spencer Stuart una serie de datos relacionados con el encargo que le hizo el Popular, a través de la presidenta de la comisión de Nombramientos, Reyes Calderón, para que buscara un perfil profesional a fin de sustituir en el cargo a Ángel Ron.
Calama no ve relevante dicha información, ya que «el Consejo de Administración del banco no se opuso a ese nombramiento», indica.
El juez descarta que el BBVA y el Sabadell, que participaron en el «virtual data room» -base de datos habilitada para que las entidades interesadas pudieran tener acceso a información sobre el Popular- tengan que aportar informes específicos sobre su interés en hacerse con la entidad.
Y, «por el momento», tampoco accede a que lo hagan Deutsche Bank y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), mientras Aemec no aporte «datos concretos» que justifiquen la petición.
La pieza del caso Popular en la que Aemec figura como acusación investiga el breve mandato de Saracho, causa que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
La asociación insiste en que el Popular «era solvente y viable» en el momento de su resolución, y sostiene que Saracho «presuntamente optó por no gestionar y bajar el valor de la acción para hipotéticamente facilitar una operación corporativa a bajo precio».
Al margen de esta, otra línea de investigación afecta a Ron y su equipo por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros en 2016.
Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.