Madrid, 28 nov (EFE).- Bochorno y fracaso. Esas son las sensaciones que perduran en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo tras un escándalo, el de las hipotecas, que ha llevado a los magistrado al foco mediático durante días y que no ha hecho más que evidenciar la profunda fractura entre ellos.
Es lo único que queda, afirman fuentes de la Sala consultadas por Efe, un día después de que se hiciese pública la sentencia que acordó que fueran los clientes quienes pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados y los votos particulares discrepantes firmados por doce jueces, algunos de ellos muy beligerantes con el fallo mayoritario.
La decisión del Pleno ha caído ya en el olvido al aprobar a renglón seguido el Ejecutivo un decreto para que fueran los bancos quienes asumieran el impuesto, recuerdan las fuentes.
Pero aunque el debate ha quedado desactualizado y apenas sirve ya para nada, dicen, lo que queda y quedará durante un tiempo en el Supremo es el recuerdo de «la página más negra» de la Sala Tercera.
Que el asunto debería haber sido llevado a pleno desde un primer momento es algo de lo que pocos dudan a estas alturas pero, más allá de eso, algunos magistrados reflexionan sobre si era necesario aplicar un lenguaje tan agresivo en algunos de los votos particulares.
Porque lo que ha calado en los ciudadanos, apuntan, no es ni el fondo del asunto ni los argumentos jurídicos esgrimidos en la sentencia, sino los ataques de unos contra otros, expresados en sus escritos.
Y aunque quizá algunas expresiones podrían ser objeto de estudio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para valorar si procede o no abrir un expediente disciplinario, algunas fuentes creen que lo mejor es dejarlo pasar y que las aguas vuelvan a su cauce.
En definitiva, son «malos tiempos para el Supremo», en palabras de otro magistrado, que cree que las divisiones internas en la Sala son más bien fruto de un asunto de «egos personales» que de la posición de uno u otro magistrado sobre un caso de especial importancia para la ciudadanía.
En cualquier caso, coinciden todas las fuentes, la vida sigue y la Sala Tercera seguirá trabajando con normalidad, sin obviar, eso sí, el ambiente de tensión y crispación que se ha asentado en su Sección Segunda, experta en tributos y a la que pertenecen los jueces que dictaron las tres primeras sentencias del caso, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto cambiando una doctrina de veinte años en el alto tribunal.
Desde las asociaciones judiciales, las opiniones son divergentes.
Para el portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, todo el episodio ha «dañado gravemente» la imagen de la justicia, ya que «cuando se daña el vértice de la jurisdicción, inexorablemente se contamina el resto».
Destaca además que lo ocurrido no es imputable a ningún factor externo, sino a la «desastrosa» gestión del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.
Como punto de partida para recuperar la imagen de la justicia, confía en que sea posible recomponer el pacto político para la renovación del CGPJ -el actual mandato expira la próxima semana-, cuyo presidente, Carlos Lesmes, preside también el Supremo.
Pero no coinciden con esta opinión ni el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, ni la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, quienes creen que un retraso no sería tan grave si sirve para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPG y dar más protagonismo a los jueces frente a la elección política.
Para Raimundo Prado, las sentencias y los votos particulares del Supremo muestran un «choque» y una discrepancia total con la gestión del presidente de la Sala Tercera, cuyo nombramiento, impulsado por Lesmes, ya fue criticado en su día.
Sin embargo, a su juicio, esa «catarsis» puede ser buena, porque los magistrados demuestran su independencia y se comprueba que el problema está en «el sistema».
«El problema está en la raíz», coincide Concepción Rodríguez al recordar que los magistrados del Supremo son elegidos por el CGPJ, que trasladan al alto tribunal la división de unos vocales elegidos por los principales partidos políticos.
Aunque las discrepancias entre los miembros de un tribunal colegiado son positivas, es también bueno que se llegue a un consenso, advierte la presidenta de Foro para subrayar la necesidad de un acceso más plural al Supremo. EFE