Madrid, 5 oct (EFE).- El titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 7 de Madrid recusado por una víctima, a la que llamó «bicho e «hija puta» y fue grabado en vídeo, considera razonable apartarse del caso tras la denuncia interpuesta por la mujer, según fuentes cercanas al magistrado.
Según el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, a cuya asociación pertenece el juez Francisco Javier Martínez Derqui, éste asegura que no tiene ninguna enemistad hacia la víctima, la modelo María Sanjuan.
Sin embargo, entiende que la mujer crea que no reúne las condiciones para seguir con el caso por falta de apariencia de imparcialidad y considera razonable apartarse del mismo.
La Audiencia Provincial de Madrid todavía no ha recibido las alegaciones del juez al incidente de recusación, según fuentes de esta institución.
Además de recusar al juez, Sanjuan, que tenía una valoración policial de riesgo extremo en sus denuncias, llevó el caso ante el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación.
El Consejo ha abierto diligencias informativas mientras la Audiencia tramita el incidente de recusación, que previsiblemente acabará traspasando el caso de Sanjuan a otro juez.
Las palabras de Martínez Derqui quedaron recogidas en un vídeo grabado en la sala de vistas, difundido ayer por la Cadena Ser, una vez terminada la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos de la modelo.
Alguien se olvida de detener la grabación y se escucha una charla entre el juez, la fiscal y la letrada de la administración de justicia en la que, entre risas, cuestionan la versión de Sanjuan y se mofan de ella.
González Vega considera preocupante que «un caso particular» lleve a generar una nueva mancha sobre los jueces, tildándolos de machistas.
En su opinión, «se trata de un caso aislado, totalmente desafortunado y en un tema de especial gravedad como la violencia de género», pero no debe afectar a la necesaria confianza que deben que tener los ciudadanos en el sistema judicial y en sus miembros. EFE